RICARDO PASCOE PIERCE

La XVII Asamblea Nacional del PRI ha ocasionado reacciones enconadas, y, a veces, insólitas. De repente han reaparecido voces de los intelectuales del sexenio pasado que se lanzan a explicar las virtudes del liberalismo social y a denostar el populismo estatista emergente que, dicen, estaría retomando las riendas del partido. Otros insisten en la guerra entre dinosaurios y tecnócratas y la disputa por el poder interno, tanto en el partido como en el gobierno. Los estereotipos de lo que acontece en el PRI van y vienen. Conviene aclarar algunos aspectos de este asunto. Para empezar, el debate entre los dinosaurios y los tecnócratas se basa en las respectivas etiquetas peyorativas que cada quien aplica al otro. No son conceptos precisos, sino que más bien reflejan la idea peyorativa e insultante de las bandas en disputa. Pero en los dos casos —de ambos bandos— es importante ver lo que defienden o lo que rechazan en cuanto a la discusión de fondo en la asamblea.

Por otro lado, los temas de fondo fueron dos: los requisitos para ser el candidato presidencial del PRI, además de ser el candidato a las gubernaturas, y el rechazo a la venta de la petroquímica. Estos dos puntos tocan aspectos fundamentales de la vida de un partido, y deben ser analizados en ese contexto, independientemente de que los dos puntos pudieran eventualmente desaparecer de los resolutivos finales del documento resolutivo.

En lo que se refiere a los requisitos para elegir al candidato priista a la presidencia, el verdadero significado de este diferendo se da en varios niveles. En primer término es evidente que la base de delegados del PRI aprecian que sus candidatos no los han representado desde la presidencia. Que en realidad el PRI es el partido con más candidatos independientes del país (lo cual es un buen punto de referencia para pensar en el tema de los candidatos independientes, por cierto) pues hasta los presidentes no han tenido mayor vinculación con él. Por ello, la base partidaria está exigiendo mayor identificación de sus representantes populares, empezando por el Presidente de la República. En segundo término, es evidente la presencia, en este punto organizativo, de la protesta en contra de la política económica. La falta de identificación también viene de la falta de representatividad de intereses populares en las políticas económicas del gobierno. Por ello, este resolutivo no solamente está diciendo que ciertas personas no podrán, o no deberán, ser candidatos presidenciales del PRI o candidatos a las gubernaturas. También hay otro mensaje: que el gabinete que está no es el adecuado para el país y para las necesidades de la base social del PRI.

La reacción en contra de la privatización de la industria petroquímica es parte de este efecto demostrativo en contra de ciertas políticas sustanciales del gobierno del PRI. La petroquímica es un ejemplo de la oposición a las políticas que tienden a favorecer la concentración de la riqueza en contra de otras políticas que pudieran beneficiar más adecuadamente a la población. Detrás de estas políticas, razona la base de delegados del PRI, hay individuos que están defendiendo intereses, tanto los propios como ajenos, pero intereses creados a final de cuentas. Las privatizaciones son, además, ejemplo de los grandes escándalos de corrupción que implicaron a la familia Salinas: TV Azteca, Telmex, los bancos. Hablar del rechazo a las privatizaciones es sinónimo de decir que Salinas y su proyecto debe ser repudiado. Y, de pasada, el proyecto de Zedillo.

Lo más probable es que las reformas desaparezcan de los resolutivos finales de la XVII Asamblea Nacional del PRI. Pero el hecho político no podrá ser borrado fácilmente de la memoria: el repudio a la imposición de candidatos y de un proyecto resulta el detalle importante. Lo que es una lástima es lo que no se discutió: la reforma electoral, la reforma del Estado, una nueva estrategia económica, la relación partido-gobierno. La agenda priista de pendientes sigue siendo bastante larga.