Por RICARDO PASCOE PIERCE 

Hace algunas semanas, y en esta misma columna, se planteó la necesidad de solidaridad con el proceso de democratización dentro del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM). En esa ocasión reflexionamos acerca de la gestión cada vez menos democrática del secretario general, Francisco Hernández Juárez, de las prácticas represivas en contra de disidentes dentro del sindicato, de los evidentes acuerdos para expulsar a disidentes de la empresa con la anuencia sindical. La primera ola de 60 despedidos se dio justamente entre la dirección de la oposición sindical, y sus apoyadores. Ante esta situación, la toma del local sindical por la oposición (que identificaba a Hernández Juárez más con la empresa que con los trabajadores) recibió el apoyo de fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda. Trabajadores de otros sectores no controlados por dirigentes corruptos entendieron que esta acción, además del desconocimiento del comité ejecutivo de Hernández Juárez, y múltiples marchas, mítines y manifestaciones realizados por los trabajadores telefonistas, eran producto de la legítima aspiración de los telefonistas por defender sus derechos como trabajadores explotados por una empresa que transforma sus procesos de trabajo, aumentando la productividad y despidiendo a sectores importantes de trabajadores. Se entendió, además, que el comité ejecutivo de Hernández Juárez era incapaz, o no deseaba, defender los intereses de los departamentos tan afectados por los cambios en los sistemas de trabajo, y por lo tanto, en sus convenios, o reglamentos de trabajo, por departamento.

Las semanas han pasado, y el conflicto no se resuelve. A pesar de que ya no aparece tanto en los periódicos y otros medios de comunicación, lo cierto es que la situación se ha agravado sustancialmente. En términos generales se pueden destacar los siguientes acontecimientos:

Todos estos elementos hacen pensar que es necesario replantear la estrategia de lucha en este periodo. En primer lugar, es evidente que el centro de la lucha no puede ser, en esta coyuntura, la cabeza de Hernández Juárez, o la dirección del sindicato. Es evidente que el enemigo real avanza —la empresa, el Gobierno y su apoyo dentro del sindicato—. En segundo lugar, los trabajadores, divididos, nada pueden contra la empresa. Por lo tanto, la unidad se hace evidente: unidad a todos niveles. En tercer lugar, y como conclusión de lo anterior, es indispensable que se busque un diálogo entre los trabajadores de los distintos bandos para acordar acciones conjuntas en este periodo para defenderse cabalmente de los ataques de la empresa. La lucha por la reinstalación es de todos los trabajadores. Hernández Juárez tiene hoy la obligación de entender que más importante que su puesto sindical es la defensa de los trabajadores.

Todos, Hernández Juárez y oposición, tienen la obligación de lograr la unidad para defender a los miles de trabajadores telefonistas que hoy tienen temor a participar y expresarse. Las diferencias no se disuelven; pero, eso sí, ante el enemigo real, se hacen a un lado para actuar con fuerza.