Por RICARDO PASCOE PIERCE

MIGUEL Torres Enríquez y Elías Orozco Salazar fueron apresados en 1974 y 1973, respectivamente, y encarcelados en Monterrey, acusados de actividades subversivas. En 1978 fueron amnistiados, y también en los últimos meses de la gestión lopezportillista. A pesar de todo ello, siguen encarcelados.

En enero de este año fueron apresados los dirigentes del Frente Popular Tierra y Libertad, Alberto Anaya y Pedro Bernal. Las irregularidades jurídicas del caso afloran: hay fabricación de cargos, y la "actualización" de otros que durante años fueron acumulados en contra de dirigentes del movimiento urbano más importante del estado de Nuevo León. Por el momento, y sin causa alguna que justifique tal acción, los compañeros permanecen encarcelados en Monterrey.

Los dos casos son significativos pues se dan en el marco de la gestión gubernamental de Alfonso Martínez Domínguez, considerado uno de los gobernadores de más poder, a nivel estatal y federal, y cuya orientación política de corte reaccionaria y de mano dura, lo ha distinguido notablemente. Como gobernador del estado que da origen al grupo empresarial de Monterrey, juega un papel de gran importancia en la política nacional. Es interlocutor natural, y necesario, para quienes desde el centro, han perdido su capacidad de negociación con la iniciativa privada mexicana. En determinado momento, es una posición estratégica en la definición de las políticas federales en materia electoral a nivel nacional, además de la definición de la política económica a seguir en relación al capital privado. Pero no solamente esto. A nivel estatal ha impulsado políticas enérgicas para enfrentar los movimientos populares y sindicales, siempre bajo la idea de establecer de nuevo la hegemonía estatal sobre los movimientos sociales existentes, además de asegurar la tutela priísta sobre el electorado. La energía de su ataque a los movimientos sociales le ha permitido, además, eliminar, o en todo caso neutralizar, posibles detractores de sus planes económicos para el estado de Nuevo León, los cuales se resumen en dos elefantes blancos, costosísimos y fracasados: un plan hidráulico y una plaza-monstruo en el centro de Monterrey. El primero, después de elevados costos financieros, ha sido descubierto como inoperante, además de "pecar" de contratismo; el segundo es simplemente una burla, también costosísima, a las mayorías nuevoleonesas; la estética nunca ha resuelto los problemas críticos del abasto, vivienda, educación y transporte, sino, en todo caso, tiende a agudizarlos.

Tres han sido las acciones significativas del gobernador de Nuevo León, en contra de las mayorías trabajadoras del estado. En primer lugar, instrumentó un ataque a la vida universitaria. Tomó por asalto a la dirección sindical, despidiendo en el acto a los dirigentes sindicales progresistas, para luego lanzar una verdadera cacería de brujas en contra de estudiantes y profesores considerados de izquierda, o, en todo caso, remotamente progresistas y democráticos. El rector Piñeiro es el único de todo el país que se opuso, en la reciente reunión de la ANUIES, a la exigencia de la entrega del subsidio universitario a la UAG. A tal grado ha llegado la visión retrógrada de la vida en esferas oficiales de Nuevo León. En las últimas semanas aproximadamente 30 profesores más han sido lanzados a la calle, en cumplimiento de este "proyecto político" de paz social y defensa de la inteligencia humana. En segundo lugar, las elecciones federales de 1982 fueron las más sucias, turbias y fraudulentas de toda la República Mexicana. Existieron grupos volantes, para ajustar los votos de cada urna, además de simplemente robarlas en los casos en que la situación se consideraba perdida. Grabaciones y fotografías comprobando dicha situación fueron rechazadas en la Comisión Federal Electoral, demostrando la complicidad federal con las acciones fraudulentas a nivel de este estado. Sin embargo lo peor de todo era que la voluntad del pueblo fue absolutamente pisoteada por acciones del gobierno actual. Y, por último, a través del Plan Tierra Propia, el gobierno estatal ha buscado quebrar la organización y resistencia de los trabajadores y desposeídos urbanos que se han organizado en las colonias de Tierra y Libertad. Encontrando en las organizaciones populares la mayor resistencia a sus planes, el gobierno no ha reparado en nada para poner fin a tal situación. Indudablemente encontró, en el Plan Tierra Propia, una debilidad a explotar: el deseo de las familias de ser dueñas de sus lotes urbanos. A través de este plan, ha buscado romper el proyecto independiente de control colectivo sobre las tierras en manos de los pobladores. Actualmente, este es el puntal del ataque antipopular del gobierno de Martínez Domínguez.

En este contexto, siguen estando presos los compañeros Anaya y Bernal. Es indispensable que salgan libres inmediatamente, pues de lo contrario los conflictos sociales en el estado recrudecerán. A pesar del proyecto de mano dura, si el gobernador no es capaz de resolver el problema satisfactoriamente, entonces el Gobierno federal tendrá que intervenir. Pero, y esto es lo esencial, no es un problema que puede archivarse. No es un problema que desaparecerá con el tiempo, como no lo es tampoco el problema de los otros presos políticos del estado. Todos deben ser liberados, hoy.