Por RICARDO PASCOE PIERCE

LA situación planteada por la revisión contractual del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tiene repercusiones que rebasan, en mucho, el conflicto de un solo gremio. En efecto, el rasgo central de la contraoferta patronal en dicho sector económico es la intención de cercenar conquistas obreras obtenidas, algunas de ellas desde 1936. So pretexto de ajustarse a nuevas condiciones tecnológicas y productivas imperantes en el sector eléctrico, la gerencia de la empresa busca tres objetivos centrales:

El Gobierno ha atacado otros sectores sindicales, como el SUTIN, universitarios, Metro, bancarios y algunos sectores de metales, como FASA. Sin embargo, hasta ahora la característica indiscutible de estos ataques ha sido que se han centrado en el llamado sindicalismo independiente. Con el SME la situación cambia: si bien no es un sindicato bajo control priísta, es indudablemente un contingente importante del Congreso del Trabajo. Entonces, resulta lógico observar que este nuevo ataque tiene, como blanco, a un sindicato dentro del sistema general de sindicatos oficiales. Y no es cualquier sindicato: en primer lugar, es el sindicato de más vieja tradición de lucha y defensa de posiciones proletarias dentro del sector de la gran industria nacional. En segundo lugar, es el sindicato que dio coherencia y solidez al bloque histórico de sindicatos que hoy conforman el sindicalismo oficial. Así como el entierro de Miguel Alemán coincidió con el entierro del proyecto de desarrollo industrial capitalista subordinado, con subsidio y orientación estatal, el ataque al SME está llegando a tener características de finiquito de un proyecto de relación sindicatos-Estado, y se percibe la tendencia al reemplazo de éste por otro proyecto, aún no claramente dibujado. Éste es el significado de fondo del conflicto de la Compañía de Luz y Fuerza.

Como si fuera rito sexenal, el actual régimen tomó las riendas del poder e inició, casi de inmediato, una confrontación con el sector obrero del PRI. Así como se vio en los casos de Echeverría y López Portillo, la actual confrontación tuvo, en su inicio, un claro carácter ajuste de poder o poderes.

Aparentaba ser un intento por parte del Gobierno de restablecer un dominio compartido de poder entre la CTM, PRI y Gobierno, todo sobre el eje de una política económica en crisis, y con la orientación fijada en Washington. Sin embargo, conforme avanza el tiempo y la política económica, se ha hecho evidente que se trata, más bien, de proyectos globales diferentes que no tienen mayor perspectiva de reconciliación como lo han tenido en el pasado. Se ataca a la CTM, puesto que es la central obrera que critica la venta de las acciones bancarias y de clara, públicamente, su desagrado con los aumentos salariales, en especial en lo referente al aumento del salario mínimo. Por otro lado, organizaciones obreras como la CROC y la CROM, aunque también la CRT, han planteado su rechazo abierto a la política seguida por la CTM con una audacia sorprendente. La clave de su audacia reside, claro está, en el patrocinio de algunos personeros clave dentro del aparato estatal. Lo mismo en el SUTIN.

Sin embargo, ni estamos ante una simple lucha interburocrática por el poder, ni tampoco debe reducirse a conflictos de intereses económicos y políticos de la familia revolucionaria. Es una vasta y profunda reformulación de la política de alianzas del PRI y, más importante, del Estado surgido de las cenizas de la Revolución mexicana.

Volvamos al caso del SME. La empresa alega que su motivación fundamental estriba en la necesidad de hacer más productiva y racional la empresa de la energía eléctrica. En el fondo se percibe el mismo discurso, y lógica, del FMI: Racionalizar empresas es recibir más préstamos y tener una buena reputación internacional. El único detalle es que la racionalización de la industria significa una profunda transformación de los sistemas de organización del proceso del trabajo, lo cual tiende a incrementar los despidos y la arbitrariedad en contra del personal empleado.

Existe un paralelo implacable entre productividad y autoritarismo; racionalidad y arbitrariedad.

Así, el caso del SME sirve para ilustrar lo contradictorio de los proyectos y sus intereses específicos. Lo que se presenta como enigma en la reformulación de las alianzas históricas de la Revolución, es la alternativa de poder que se pudiera ofrecer.

Sin pretender agotar el tema, lo que se presenta como alternativa sería la desarticulación de la fuerza obrera como movimiento articulado y con voz y voto dentro del esquema de poder. La desarticulación de la CTM, convertida en una fuerza numéricamente inferior a lo que es hoy, con las centrales parasitarias pululando alrededor (no pasa inadvertido el paralelo entre este fenómeno y algunos "partidos con registro"), aunado a la virtual desaparición del movimiento campesino, es una dramática puesta en marcha.

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El problema(Continúa de la página 4)sea, se percibe la tendencia a querer desarticular las fuerzas sociales asalariadas dentro del PRI.

Por otro lado, posiblemente el registro de algún partido permitiría volver al esquema de Ávila Camacho, para resolver el problema de la representatividad y juego político de las Fuerzas Armadas. Esto pudiera presentarse como alternativa de bloque de poder frente a la rebelión de los empresarios y el clero. Si el Gobierno quiere modernizar el aparato productivo y seguir los lineamientos del FMI, resulta imposible, hoy por hoy, realizar su proyecto con la alianza histórica de la Revolución. En esto, el PRI y el PAN encuentran una gran coincidencia.

La clave del desarrollo de este proceso profundo y complejo se verá en el futuro mediato del sindicalismo en el país. Por esto, el conflicto del SME es tan importante: la victoria o derrota del sindicato en su lucha surtirá efecto en toda la estructura política del país.