San Luis Potosí '85
Por RICARDO PASCOE PIERCE
LAS elecciones estatales realizadas ayer, domingo, en San Luis Potosí plantean problemas ominosos para las elecciones federales de 1985. En primer término se vio una actitud gubernamental típica de los peores años de fraude electoral. El gobierno y el PRI se dedicaron a provocar a los partidos opositores ante las circunstancias tradicionales de un proceso electoral. El desconocimiento de representantes de casilla de partidos opositores fue generalizado. En los distritos I y II, correspondientes a la capital del estado, se desconocieron los representantes de casilla del PRT (en el I se desconocieron 45 de 50, mientras que en el II 40 de 45 representantes de casilla) con la intención de impedir honestidad y limpieza en el recuento. Así de simple.
En segundo lugar, es incuestionable que el PRI enfrente un reto serio en el estado de San Luis Potosí. El gobernador es un hombre desprestigiado en todo el país, siendo considerado, además de corrupto, un representante de la antidemocracia, por su trayectoria sindical. El pueblo de San Luis Potosí, así como el pueblo de gran parte de la República Mexicana, votaría en contra del PRI si pudiera. Pero no puede porque como sabe que no se respetará el voto, o no acude a las urnas a votar, o acude a votar pero no siente posibilidad alguna por defender la veracidad de su voto, y de su voluntad.
El gobernador del estado de San Luis Potosí seguramente siente que, al demostrar "al centro" que es capaz de mantener el control absoluto del Parlamento estatal, y de los municipios, afianza su posición política frente al Gobierno, al PRI y al Presidente. Lo trágico es que probablemente tiene toda la razón el gobernador. San Luis Potosí está demostrando que el sistema político agradece este tipo de hombres, en vez de eliminarlos, lo cual es la petición de muchos mexicanos. A pesar de las exigencias en contrario, en el sentido de la limpieza política, es el sello del Gobierno lo que está surgiendo como la gran corruptela del régimen actual es el manejo de las elecciones.
No hay respeto alguno a la voluntad popular. Las expresiones priístas de haber ganado la totalidad de los distritos uninominales y los municipios no dejarán de escucharse. Sin embargo, es un gran teatro, montado para confundir al pueblo y para entrampar a los partidos de oposición en discusiones eternas, circulares e inacabables.
¿Qué tanto refleja San Luis Potosí el fenómeno que se observará próximamente en las elecciones estatales de Yucatán y México? ¿Qué tanto refleja San Luis Potosí la opinión política del Gobierno federal en relación al proceso electoral de 1985? Estos son los problemas que más preocupan. No es posible pensar que el fenómeno de San Luis Potosí esté aislado de la realidad nacional, y de los mecanismos políticos existentes en otros estados y otras situaciones.
Quizás uno de los aspectos más preocupantes de esta elección estatal es que recoge la misma dinámica de imposición priísta y la negativa a aceptar derrotas. Ahora resulta que el límite del sistema político es el de nunca perder. ¿Pero, qué límite es ese? Resulta imposible actuar en la sociedad cuando la suposición de antemano es que los gobernadores siempre se imponen.
En ese contexto, el hablar de democracia resulta una cosa bastante artificial. Por no decir falsa, pues no existen las condiciones mínimas para permitir las expresiones auténticas del pueblo ante el voto.
Siguiendo esta lógica, resulta que la misma participación electoral se cuestiona. Y, sin embargo, la lucha por los derechos democráticos y políticos se da en todos los terrenos. La lucha electoral permite dar a conocer alternativas para el pueblo trabajador, a pesar del pisoteo constante del régimen justamente del derecho constitucional de participar en elecciones libres. El peligro es que las mismas elecciones federales pueden caer en una dinámica de imposición que es, a su vez, un proceso de descomposición política por su ilegalidad. Es parecido a lo que sucede hoy en el movimiento sindical que lucha por sus derechos. Se ampara en el artículo 123 constitucional, y su reglamentación y, sin embargo, el Gobierno simplemente avala la imposición política de sus dirigentes, y sus pretensiones, tal y como se observa en casos como el de Diconsa. Evidentemente, la descomposición no es un fenómeno jurídico o formal, sino que puede ser una característica política central de nuestra época. San Luis Potosí apunta en esa dirección.
