Por RICARDO PASCOE PIERCE

UNO de los conflictos más sobresalientes que dejó el régimen de López Portillo, aparte de su gestión económica, fue el del resentimiento popular en contra de las acciones emprendidas por las distintas corporaciones represivas, tanto las legales como las ilegales.

La arbitrariedad y constante acoso que sufrió el pueblo a manos de agentes de la DIPD, de los temibles Jaguares, de agentes y oficiales de la Dirección General de Policía y Tránsito, de las corporaciones policiales en el Valle de México, pertenecientes a la jurisdicción del gobierno del Estado de México, por no mencionar a la menos conocida, pero no por ello menos terrible, Brigada Blanca, dejaron un saldo de frustración y rencor en el pueblo. El trato recibido a manos de estos cuerpos "del orden" dejó mucho que desear: extorsión, robos, asesinato, tráfico de drogas. El pueblo vivía realmente desesperado. A tal grado llegó la impunidad de estas organizaciones policiacas, que la misma CTM tuvo que exigir acciones drásticas en contra de los agentes que, cada semana, robaban su raya a los trabajadores al salir de las fábricas. Televisa, incluso, transmitió, en su noticiario, varios casos de abuso policiaco a ciudadanos, en particular a mujeres violadas por uniformados. Aunado a esta situación de los mexicanos, situación que, por supuesto, no se limitaba al Valle de México, estaba el caso de las riquezas malhabidas de toda la burocracia policiaca, no solamente de Durazo Moreno. Riquezas obvias, por la ostentación que de las mismas hacía la cúpula policiaca y represiva del país. Tal fue el poderío de estos hombres, que, cuando la CTM planteó sus quejas de maltrato hacia los obreros, la respuesta fue, primero, el silencio y, segundo, el mismo trato vejatorio hacia los trabajadores por parte de los agentes.

Sin embargo, en todo momento el problema de los abusos policiacos y la arbitrariedad hacia el pueblo fueron tratados en dos sentidos. Por un lado, se recogía el sentimiento popular de indignación ante semejantes abusos. Esto es lo que transmitió Televisa. Por otro lado, estaba planteado el problema del trato dado a los presos políticos, prácticamente por las mismas corporaciones. Este problema no se transmitió por televisión, ni se le dio amplia cobertura. Mexicanos con derechos legales, y constitucionales, que fueron desaparecidos por corporaciones represivas, sin el menor respeto incluso a su derecho de juicio, han estado años sin que se sepa absolutamente nada de su paradero. Muchos son gente del pueblo, campesinos, obreros y de colonias populares cuyo crimen, en todo caso, ha sido el de sentir, y resentir, la injusticia de un sistema político y económico que los explotaba. También hay jóvenes que participaron en la lucha armada en nuestro país. Uno puede discrepar con sus métodos, y su visión del país, pero la discrepancia, o la oposición franca, no elimina el derecho de ser tratado como ciudadano con derechos, mismos que aseguran la posibilidad de una convivencia mínima en la sociedad. Mientras algunos mexicanos protestaban por el abuso sufrido a manos de las corporaciones policiacas, otros, también mexicanos, destinaban sus esfuerzos a la lucha por la presentación de los desaparecidos políticos, y por la amnistía a los encarcelados.

A partir del mandato del Presidente De la Madrid, se empezó a vivir una suerte de cambio en la estructura de las corporaciones policiacas. Ante el descontento popular, la DIPD fue desaparecida. Posteriormente, la Dirección General de Policía y Tránsito fue transformada en la Secretaría General de Protección y Vialidad. Sin embargo, estos cambios enfrentaron al gobierno a la realidad de la propia podredumbre de dichas corporaciones y del sistema policiaco, en general. Con la aprehensión de Durazo Moreno, sin embargo, empezó a destaparse toda la cloaca de métodos de la Policía para cometer delitos, y para torturar presos. De repente, la prensa nacional daba la impresión de estar en Argentina, después de la caída de los militares. Que en el asesinato múltiple del río Tula estuvo involucrado Sahagún Baca, que además han aparecido cementerios clandestinos y que hay 80 cadáveres, además de los del río Tula y que, en la cárcel de Santa Marta Acatitla, había lugar que les servía de "casa de seguridad" y sala de torturas a los diversos directores de las corporaciones policiacas. Uno no duda en pensar que apenas se esboza una pequeña parte de la historia verdadera de las organizaciones represoras de nuestro país. Tanto Sahagún Baca, como Nassar Haro, entre otros, han sido señalados en reiteradas ocasiones por los familiares de los desaparecidos políticos como los responsables directos de torturas a sus familiares y, posteriormente, de su "desaparición".

Ante el problema del abuso de las corporaciones represivas hacia el pueblo, como ya lo hemos dicho, el Gobierno puede darse dos orientaciones. Una sería la de ver el problema como uno de los ciudadanos afectados por años de arbitrariedad, y que requiere de respuestas tajantes, por parte del Gobierno, a fin de que se resuelva la situación. Hasta el momento, ésta es, al parecer, la orientación del Gobierno en relación al asunto. La otra orientación, que no excluye la primera, sería la de buscar una solución al problema, además de los de la ciudadanía, al problema particular de los desaparecidos políticos. Si de sanear heridas profundas sociales se trata, el problema de los desaparecidos políticos no puede quedar atrás. Las dos orientaciones son necesarias; sin embargo, no es simplemente una cuestión de restablecer la credibilidad gubernamental. Es un problema de dar respuesta a una demanda de miles de mexicanos que exigimos esclarecimiento sobre los desaparecidos políticos.

Estamos ante el segundo informe... (Continúa en la página 8)

EXIGENCIA AL PRESIDENTE(CONTINÚA DE LA PÁGINA 4)... de gobierno. Indudablemente es el momento propicio para dar respuesta a nuestra exigencia.