Por RICARDO PASCOE PIERCE

Francisco Hernández Juárez acusó al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de estar "detrás" del conflicto gremial surgido recientemente entre trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), agregando: "Así como asaltó nuestro sindicato, quizá se propone asaltar el poder en el país". Así mismo, comentó que "resulta inexplicable cómo un partido político subsidiado por el Gobierno, como es el PRT, actúe de manera violenta entre los telefonistas...".

Seguramente sin tenerlo como propósito, Hernández Juárez ha planteado uno de los problemas más importantes para el movimiento obrero, y ha dado su versión personal del asunto. El problema es: ¿pueden, y deben, participar los partidos políticos (a través de sus militantes) en los sindicatos, o no? ¿Es válido que individuos, o grupos sindicales, impulsen posiciones que han sustentado partidos políticos?

Es importante porque, en la medida en que grupos y sectores políticos proliferan en la sociedad mexicana, se hace cada vez más evidente la existencia de alternativas políticas, económicas, sociales e ideológicas al régimen capitalista existente.

Por lo tanto, cuando se plantea la validez o no, de la acción partidaria en los sindicatos, es necesario observar no el principio de no-participación partidaria en los sindicatos, sino el principio de estudiar lo que plantean para los trabajadores, en el propio sindicato, y en la sociedad en su conjunto.

Hernández Juárez, en sus declaraciones, hace algo que siempre ha acostumbrado el PRI: descalificar la participación de partidos políticos, mientras se mantiene el suyo. En realidad, al PRI (y a Hernández Juárez) le conviene una base social apática, antipartidista y despolitizada justamente para mantener posiciones partidarias —aunque veladas— dentro del sindicalismo. Así las cosas, el telefonista genera antipartidismo para mantener la hegemonía de su partido. Al mismo tiempo, juega a la política y sus posiciones: se entrega al Congreso del Trabajo, da su apoyo tácito a la represión a los sectores disidentes, y no resuelve los problemas de los trabajadores, problemas serios por la transformación del proceso del trabajo, la agudización de los ritmos de supervisión y control, y seguramente reducciones de personal.

Frente a esta situación, los despedidos hablan; los conflictos departamentales se han agudizado mientras la empresa transforma inexorablemente el proceso del trabajo. El comité ejecutivo nacional de Hernández Juárez no ha sabido resolver los problemas urgentes de los trabajadores, justamente porque su proyecto partidario no se lo permite. Hoy, Hernández Juárez está atrapado entre su proyecto partidario (de seguimiento al Estado, de control de los trabajadores, de aceptación de la política de austeridad en todas sus facetas) y una base trabajadora que reclama derechos que otros sectores políticos han planteado.

La acusación de que participa el PRT en la base trabajadora, en la disidencia, no es, en realidad, eso; no es una acusación, es el reconocimiento de que están en juego en el sindicato telefonista, grandes líneas estratégicas para el movimiento obrero. Parece claro que el problema no es negar la participación de partidos en la vida global de la sociedad, sino enfrentar proyectos diferentes en el terreno del debate y de la lucha de clases.

Los trabajadores telefonistas están decidiendo hoy, como lo han hecho anteriormente, las grandes líneas políticas que va a seguir el movimiento obrero. La lucha interna es de gran trascendencia; está en juego la independencia de los trabajadores frente al Estado, las formas auténticas de democracia sindical y representatividad de las bases trabajadoras, frente al curso de colisión con el movimiento obrero que lleva el Estado; su política de austeridad y represión a los movimientos de los oprimidos.

El asunto de la requisa demuestra cabalmente las alianzas políticas de los sectores en conflicto en Teléfonos. En primer lugar, todos denuncian la requisa. Sin embargo, los que realmente pudieran haber algo al respecto entiéndase el Congreso del Trabajo, vía su diputación obrera, no hizo nada en la última legislatura. Y estos son los que apoyan a Hernández Juárez en Teléfonos de México, S.A. Así, podemos suponer que el sindicalismo oficial, junto con Hernández Juárez, decidieron no...

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...dar la lucha contra la requisa. A diferencia de esta actitud, el conjunto de la disidencia telefonista apoya activamente la derogación de la requisa; en el acto electoral que realizó, Rosario Ibarra de Piedra denunció la requisa y demandó su derogación.

Estas posiciones, tan distantes y contrapuestas desde el punto de vista de su interés de clase, reflejan los elementos que debaten hoy los telefonistas: entre la colaboración del sindicato telefonista con el Estado para llevar a cabo la transformación del proceso de trabajo y reducción del personal, además de las recientes amenazas de pasar el sindicato al apartado B, y un proyecto independiente y representativo de los intereses de los trabajadores.

En realidad, en Teléfonos se debate el proyecto para la sociedad; en ese sentido, está planteado el problema del poder, aunque no sea para el día de mañana. Hernández Juárez no pudo haber sido más claro: él está con el poder existente y constituido; cualquier cuestionamiento de ese poder es, para el telefonista, una terrible amenaza. Si los trabajadores plantean la necesidad de otro poder, uno representativo de sus intereses, entonces no nos puede sorprender que el conflicto gremial de Teléfonos sea un reflejo del conflicto más grande en el conjunto de la sociedad.

El problema no es la participación de los partidos políticos en los sindicatos; el problema es definir las líneas que siguen los partidos en su acción sindical. El partido que subordina un sindicato a sus intereses comete una agresión a los trabajadores, en especial cuando es un partido que responde a intereses contrarios a los de los trabajadores. Cuando los partidos avanzan la organización, disposición de lucha e intereses de los trabajadores, entonces es un partido que nada tiene que temer a los ataques en el movimiento obrero.