Por RICARDO PASCOE PIERCE

LAS elecciones en Hidalgo y el estado de México plantean, aparentemente, el mismo problema de la vida política de la nación. El Gobierno, utilizando todos sus recursos mediante su partido reitera sus prácticas de distorsionar aún en niveles sin precedente, el resultado de las elecciones para imponer su voluntad y determinar de manera total los resultados. Si lo hizo en 1988, por qué no ahora ha de hacerlo en un estado de la República, o en dos, en 1990. Incluso, lo ha hecho en todas las elecciones estatales desde el arribo del poder de este Gobierno, pero aislando los estados y sacando sus propias conclusiones.

Sin embargo, hay elementos que son distintos y que ameritan una reflexión adicional. Es evidente que el Gobierno ha planteado en su discurso político la promesa de la democratización. Como tal, era razonable que algunos sectores esperasen que esta promesa se cumpliese aunque fuera de manera parcial. La sorpresa que han llevado todas las fuerzas ha sido mayúscula. En primer lugar, a nivel internacional la comprobación por parte de los distintos gobiernos e instituciones de alcance internacional de la reiterada actitud fraudulenta en los comicios ha puesto en entredicho la palabra que ha empeñado Salinas en sus giras internacionales. En Europa se le extendió un voto de confianza más no un cheque en blanco. Ese voto de confianza ha empezado a perder su fuerza y su viabilidad en la medida en que las fuerzas políticas diversas han comprobado que no se cumplen.

A nivel nacional, el estado de México ha puesto en entredicho una estrategia política que inaugurará el PAN y que ha sido objeto en múltiples consideraciones. La posibilidad de transitar hacia acuerdos serios con el Gobierno ha sido puesto en tela de duda con estos resultados. Fue común escuchar, entre observadores nacionales e internacionales el día de las elecciones la idea de que Naucalpan le sería entregado al PAN como parte de la política de reconocimiento selectivo de victorias electorales para aplacar al PAN. A nadie le sorprendió la contundente paliza dada al PRD, siguiendo los canales del Gobierno que considera al PRD su más peligroso y odiado contrincante. Esta situación no se dio así, en tanto que el PAN quedó en tercer lugar en el estado después del PRD. Lo cierto es que ha puesto en entredicho todo el resultado electoral y ha sido revelada la fuerza política y electoral de los partidos en donde éste no ha podido ser defendido por los representantes de casilla. La conclusión es que ir a las elecciones es ir a la guerra.

Empero, lo novedoso es, quizá, que es un fraude descarado, público y evidente, y sin embargo se llevó a cabo para demostrar a la sociedad que el Gobierno y su partido se imponen con la fuerza aunque nadie lo quiera. Es decir, la imposición es tal que la naturaleza evidente y el efecto político que tiene es que provoca la sensación en los ciudadanos de que su participación en la vida política no tiene ningún sentido. Es evidente que esto es lo que quiere el régimen. Al régimen le conviene un pueblo despolitizado, apático y no participativo. La participación ciudadana amplia no le conviene al régimen. Por esta razón crea condiciones en las que pueda haber un abstencionismo mayor, en el que los ciudadanos no crean que su voto ha de ser respetado y elecciones en las que existe verdaderamente una actitud cínica frente a las posiciones y los problemas que plantea el pueblo. El abstencionismo se ha convertido en un fenómeno político actuante. Obra en este momento como una posibilidad de acordar, de determinar los resultados de una elección en un momento particular. Afecta de manera fundamental la posibilidad de rehacer el fraude en sus distintas facetas y le permite al régimen orientar y conducir los resultados, en prácticamente cualquier situación y circunstancia. Por esta razón, resulta notable el fenómeno de un abstencionismo tan extenso junto con una aplanadora tan aplastante del partido oficial. La ingeniería electoral del fraude ha llegado, en el estado de México, a su expresión más amplia. El problema de los efectos políticos de las elecciones en el estado de México, en lo referente al abuso del sufragio efectivo en todos sus términos, es que no podrán ser rectificados, ni reconciliados con la sociedad, sino hasta las elecciones de 1991.

Tienen que darse ciertas condiciones para asegurar el voto, en primer lugar realizarse una nueva gestoría e integración de los organismos electorales. Probablemente sea imposible ya modificar la Ley Electoral, pero sí se puede modificar a sus integrantes. Es evidente que éstos debieran ser ahora nombrados por órganos distintos a los que lo hicieron en la actualidad. Los consejeros y magistrados del más alto organismo electoral debieran ser nombrados principalmente a partir de una lista propuesta por los partidos políticos de oposición, básicamente los partidos mayoritarios de oposición. En segundo lugar, el Registro Nacional de Electores debiera tener a su cabeza una persona conspicua y no del partido oficial, sino incluso ser de un partido de oposición. Esto tendría que realizarse para poder satisfacer realmente el proyecto de reestructuración de los organismos electorales para favorecer la objetividad y la imparcialidad. De no ser así, es evidente que no habrá imparcialidad para las elecciones de 1991, a pesar de las declaraciones y las expresiones vehementes e incluso del presidente mismo. No hay palabra que valga, deben darse acciones concretas, las que se mencionan arriba, para que el sufragio pueda ser respetado. De no darse estas acciones, el sufragio no será respetado y el pueblo será absolutamente burlado y engañado en

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Esto es lo que más preocuparía y resulta lesivo al interés de la nación que hoy se le permita al oficialismo optar por esta ventaja numérica en la Cámara de Diputados. Una democracia con tantos conflictos, un país con tantos problemas como México no puede darse el lujo de permitir que tenga un Gobierno con una mayoría como la que desea y busca el régimen. Deberá crearse una nueva situación y nueva correlación de fuerzas para asegurar un equilibrio entre ellas. De no darse no solamente no habrá democracia, sino que México podría entrar en una de las etapas más oscuras de su historia.