Por RICARDO PASCOE PIERCE

EN su reciente pleno de Consejo Nacional (el séptimo realizado después de su formal constitución), el Partido de la Revolución Democrática acordó convocar a las más diversas fuerzas políticas y sociales a discutir la convocatoria a un Acuerdo Nacional para la Democracia. Este acuerdo busca aglutinar en una nueva correlación de fuerzas nacional a organizaciones políticas y sociales que tienen como perspectiva fundamental la transformación democrática del país. A este respecto habría que hacer varios señalamientos.

En primer lugar, dentro del PRD se ha querido encajonar la discusión en una disyuntiva falsa. El Consejo Nacional resolvió que era necesario e indispensable convocar a los más amplios sectores de la población a participar en este acuerdo. Incluso, en su discurso de inauguración del Foro Nacional de Estatutos, Cuauhtémoc Cárdenas convocó a la conformación de un amplio esfuerzo y compromiso por instaurar un régimen democrático en México en los siguientes términos:

"Es preciso lograr el concurso de otros partidos políticos, de organizaciones campesinas y sindicatos, de los empresarios que ven en una economía productiva y en compartir equitativamente beneficios, la superación de la crisis; de académicos y estudiantes comprometidos con una universidad de excelencia, abierta a todos los jóvenes; de las corrientes del partido oficial que luchan por los principios y objetivos de redención y de la Revolución mexicana, de las bases del propio partido oficial y de los grandes sindicatos arrojados por el corporativismo; de funcionarios del Estado y cuadros del partido oficial, que cobren conciencia de la gravedad de la situación, que asuman su responsabilidad política y decidan con lealtad entregarse a la causa democrática; de los liberales, fieles a la tradición juarista, del movimiento urbano popular y los trabajadores no asalariados, de las mujeres, conscientes de que sólo la acción conjunta de todos permitirá establecer relaciones de verdadera igualdad y abrir las oportunidades que hoy se les cierran, de la burocracia y los cuadros de la administración que no se han dejado arrastrar por la corrupción, de artistas y trabajadores de la cultura, de los ecologistas que hoy encabezan el rechazo de la nucleoeléctrica de Laguna Verde y se esfuerzan por incrementar el patrimonio natural de la nación, de los cristianos que identificamos como tales en su acción política, están comprometidos en las luchas por la liberación".

Al colocar el debate en términos de si se incluía al PRI en este llamado, o no, había quienes inmediatamente se preguntaron si entonces habría alguna reunión con Luis Donaldo Colosio, en contraste con la posición de otros que argumentaban que el acuerdo servirá para destruir al PRI y, por lo tanto, no era factible su inclusión en este compromiso nacional. En medio de las dos posiciones extremas habría que aclarar los aspectos nodales del debate, a fin de que sea lo más claro y preciso posible. No es el debate en torno al PRI lo que suscita inquietud en el PRD, sino en torno a una idea existente desde el fraude del 88, pero que no tiene ninguna vigencia en estos momentos: la posible entrevista entre Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas. Ha existido la idea de algunos de que es posible una transición democrática pactada entre Gobierno y oposición, siempre y cuando el PRD le diera un manto de legitimidad al régimen salinista. Ante la idea de que era posible pactar una transición democrática, que es una nueva forma de gradualismo que el PAN ha superado con creces, el comportamiento del régimen más bien ha sido el de afianzar su absolutismo político debido a la presión de sus sectores internos, no por la irritación ante la ausencia de un pacto democrático con la oposición. La resistencia al acuerdo democrático proviene fundamentalmente de los sectores internos del PRI, y no porque los principios políticos impidan que se dé.

Pero no es cierto que el acuerdo nacional extreme las posiciones políticas a tal grado que conduzca a la guerra civil, ya sea política, entre fuerzas contendientes. Lo que es indispensable para conducir a una transformación real del régimen político y a la transición democrática es la gestación de una correlación de fuerzas en la sociedad en favor del acuerdo democrático. De no ser así, es evidente que el régimen se opondría al proyecto de transición en el momento en que esto pudiera darse. Por tales razones, el hecho de que se esté impulsando el acuerdo nacional para aglutinar a las más diversas y disímbolas fuerzas políticas tiene, en el fondo, una intencionalidad muy clara frente a la crisis política nacional.

La propuesta de Acuerdo Nacional para la Democracia también reconoce la existencia de un obstáculo político fundamental. Dicho obstáculo está en función de la crisis económica, que no tiene solución ni fin, y que cada día agrava las condiciones económicas de la mayoría de los mexicanos y se agrava por la rigidez política del estado mexicano. La rigidez del Estado mexicano se debe a que no está dispuesto ni a ceder en el fondo ni a negociar las formas del poder con fuerzas democráticas, políticas y sociales del país. Es decir, los acontecimientos han conducido a la nación a una profunda crisis de legitimidad del poder público, rigidez en la actuación política del oficialismo y controversia sobre el rumbo a seguir en los partidos de oposición. Estos problemas son el telón de fondo que justifica la necesidad de un acuerdo nacional. El problema, por tanto, no es convocar al PRI como institución a un acuerdo nacional. El asunto es convocar a ciudadanos convencidos en la necesidad de transitar por este camino sin que implique compromisos programáticos o ideológicos de las fuerzas involucradas, fuera de su convicción democrática.

(CONTINÚA EN LA PAGINA 8)

Acuerdo(CONTINÚA DE LA PAGINA 6)

...El acuerdo nacional quiere aglutinar a las más diversas fuerzas, respetando el ideario programático o plataforma de cada quien, pero, al mismo tiempo, procurando desarrollar una gran fuerza política en toda la nación, capaz de gestar la correlación de fuerzas necesaria para obligar al Estado rígi-do a aceptar el veredicto histórico de la necesidad de transitar hacia la democracia. Solamente en esas condiciones, bajo esa correlación de fuerzas, será posible hablar de un pacto con el régimen, en el entendido de que sería un pacto de cambio profundo, y no un pacto de transición para que las cosas, en lo fundamental, no cambien.