Ricardo Pascoe PierceUAM-XochimilcoMartes 6 de septiembre-1990

Los resultados electorales han sido obscurecidos por los hechos políticos. Lo más seguro es que nunca se sabrá, a ciencia cierta, cuáles fueron los resultados finales exactos. Sin embargo, es la primera elección en que la oposición tiene un alto grado de información, y una infraestructura suficiente para llevar a cabo su análisis. Esta nueva realidad es lo que une a la "informática electoral" se debe a los cambios políticos habidos en el país.

El primer cambio significativo ha sido la activa presencia de la oposición en la defensa del voto en las casillas. Los sistemas alternos de captación de información —alternos a la Comisión Federal Electoral— principalmente del PMS y el PAN se basan en la recepción de información de los representantes de casilla. Yo calculo que el FDN en su conjunto cubrió efectivamente no menos del 60% de las casillas en todo el país. Esto es notable, pues uno de los fenómenos descubiertos en este proceso ha sido la sorprendentemente baja representación priísta en las casillas. Claro, si no hay un representante priísta, estará el presidente de la casilla. Independientemente de ello, el hecho es que el PRI, ahora como estructura partidaria, no gobierno, tuvo muchas dificultades para llevar representantes a las casillas.

El segundo cambio significativo fue que, con la experiencia de anteriores elecciones, se pudo establecer sistemas y procedimientos suficientes para captar, con seguridad, más del 52% de los datos electorales efectivos. Si bien esto muestra las deficiencias existentes en el sistema de cómputo electoral, también permite establecer, con toda validez estadística, tendencias irreversibles en los resultados finales.

Por último, es evidente que el manejo de información electoral por parte de la oposición ha colocado al gobierno en una posición incomoda. El privilegio informativo ha sido siempre la prerrogativa electoral más importante del PRI. Ese privilegio permitió la maquila arbitraria de datos en elecciones anteriores, mismos que chocan con los resultados actuales. Así, mientras Miguel de la Madrid pudo obtener la fantástica cantidad de 17 millones de votos (sumando los votos del PRI, PPS y PARM), ahora Salinas de Gortari apenas libró las 9.6 millones de votos.

 

Alguien ha dicho que este simple hecho ha permitido las elecciones más limpias en muchos años. Nada más falso. Son las elecciones más sucias, por dos razones:

Parte consustancial al debate político es el tipo de fraude que se realizó. Ya es un lugar común decir que, a partir del 6 de julio, México cambió. Sin embargo, antes del día de las elecciones, ciertas facetas operacionales de la cultura política estaban en plena transformación. Quizás el más importante, para efectos del propio proceso electoral, es el cambio en el tipo de fraude posible, dadas las circunstancias nacionales. No hay que dudar que el fraude tradicionalmente realizado no se entendía necesariamente como una burla al voto popular, sino como una afirmación, con énfasis, de esa voluntad. Con énfasis quiere decir, lisa y llanamente, que se podía aumentar los votos de un triunfo para fortalecer la imagen de consenso y legitimidad. Por ésta razón, las contiendas electorales han sido, durante décadas, esfuerzos para afianzar posiciones políticas, pero no para ganarlas, pues se suponían ganadas a priori. Para la cultura política priísta, la disputa no era ganar elecciones, sino afianzar la legitimidad del elegido y de sus intereses. Por ello, el fraude se inscribía en un contexto político —nacional, estatal o regional— radicalmente distinto al actual. Obvio es que esto de ninguna manera justifica el fraude, y su acompañante político-cultural en los sindicatos, organizaciones profesionales, ejidos y colonias populares, pero sí lo sitúa como parte de una etapa histórica del país. Por la evolución y desarrollo del partido del Estado, el carácter indivisible entre el interés "de partido" y las "razones de Estado" ha colocado en la sociedad mexicana en la tesitura permanente de refrendar la hegemonía de la burocracia política en el poder, o sufrir una cruel y despiadada persecución. Parte de la cultura de la complicidad corporativa de la hegemonía priísta era, justamente, la participación de ampliar sectores sociales en el fraude electoral. Como un secreto a voces, se sabía que su presidente de casilla o de un Comité Distrital entrañaba humores, pero también compromisos. Y durante muchos años así fue. Las organizaciones sociales, y sus dirigentes, fueron el motor —voluntario o involuntariamente— del fraude. Y mucha gente, callada, esperaba el día en que todo cambiaría.

En esta elección, la complicidad corporativa empezó a desmoronarse. Incluso se dio únicamente hasta el 6 de julio. Pero, cuando el alto mando priísta se percató de que había perdido las elecciones, recurrió al fraude de los sótanos y de las tinieblas, y no tanto al fraude corporativo. Cabía la sospecha, por parte de la alta burocracia política, de que la debacle electoral fue producto de la traición de las bases populares del fraude. Obviamente el 6 de julio no se rellenaron las urnas como se había previsto, ni funcionaron los carruseles como se habían programado. No. Más bien hubo cierto rechazo al fraude corporativo, y, por ello, se recurrió a la elaboración de actas, cambio de cifras y quema de casillas como acto político cupular. La tradición del fraude surgido del consenso se derrumbó, y no fue sustituido sino por burdos actos elementales e ilegales de cambio de las cifras. Por esta razón, básicamente, aunado a la mayor participación y vigilancia opositora, es que es posible precisar, dentro de ciertos límites los lugares y montos del fraude.

Remando contra toda lógica del proceso electoral en su conjunto, algunos distritos le entregaron a Salinas más del 70% del voto emitido. Esto incluye a un 3% de casillas, aproximadamente, que otorgaron el 100% de sus votos al PRI, sin uno solo para la oposición. Estos casos son llamativos en virtud de que Salinas recibió el 49% de los votos a nivel nacional, según datos de la CFE, y el 25% del Padrón Electoral. ¿Qué lógica electoral permitiría suponer que pudiera recibir el 97% de los votos de un distrito electoral (como ocurrió en Comitán, Chiapas), cuando a nivel nacional obtuvo menos del 50%? Ninguna, excepto los criterios y fenómenos excepcionales del fraude, no tradicional, sino del sótano. Fue el reclamo nacional ante ésta situación lo que hizo que el PRI perdiera la cabeza y la cordura, y, violentando todas las formas, aprobara un dictamen plurinominal con cifras falsas. En un país en donde la firma expresa el contenido real de las cosas, y contando con un régimen consciente de las formas y su función política, no deja de llamar la atención tal rompimiento de la formalidad. Tal pérdida de pensamiento político.

El PRI se adjudicó 3.5 millones de votos en los distritos electorales con más del 70% de votos emitidos supuestamente para su partido. Contando con distritos en los estados de: Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, y Zacatecas y, significativamente, 7 distritos de Chiapas, 4 de Guerrero, 4 de Hidalgo, 3 de Nuevo León, 4 de Oaxaca, 7 de Puebla, 4 de San Luis Potosí, 3 de Tabasco, 8 de Veracruz y 3 de Yucatán fueron suficientes para alterar los resultados electorales nacionales. Sin embargo, no se ha podido confirmar toda la información debido a la cerrazón de la CFE por entregar los datos completos, y desglosados por casilla. ¿Cómo arribó la CFE a estos datos? Sigue siendo un misterio.

Datos del FDN señalan que el gobierno le restó 1,761,720 votos a Cárdenas, 923,035 al PAN y agregó 2,644,585 votos a Salinas. La suma de votos opositores "desaparecidos" es de 2,684,755, arrojando una diferencia de 40,170 votos con los "aparecidos" para Salinas. Obviamente todos estos datos, basados en proyecciones, pueden sufrir en precisión por algunos de sus sesgos. Sin embargo, el universo de votos inicial es tan grande que una proyección de este tipo tiene un alto grado de validez. Además, la revisión cuidadosa de los expedientes por distrito electoral revela una enorme cantidad de irregularidades que se traduce en aumento, o reducción, de votos segun el partido o candidato. La elección de 1988 no tiene nada de limpio.

Una lamentable carencia en este proceso ha sido la negativa de Acción Nacional de proporcionar la información electoral que recabó en su centro de cómputo. Sin saber lo que revelarían estos datos, lo cierto es que existe una motivación ideológica en su negativa. Ha aparecido el límite de la concepción panista de la democracia: esta en relación directa con sus avances o retrocesos como partido. Particularmente si se trata del avance de la izquierda. Sería un arma de gran importancia, y, sin embargo, Acción Nacional se niega a publicar su información. El PMS es el partido que más tiene, en su haber, en este renglón. Realizó un gran esfuerzo por captar y sistematizar los resultados electorales. Entendió el papel de la información, y divulgó sus resultados. Esta información del PMS lo que, fundamentalmente, ha permitido contrastar la información de la CFE, o detectar sus contradicciones internas.

El Tribunal de lo Contencioso Electoral revisó impugnaciones a más del 70% de los distritos uninominales, y desechó todos menos en 13 distritos. Demostró, por un lado, la enorme cantidad de irregularidades registradas en las elecciones, y, por el otro, la imposibilidad de resolver adecuadamente las dudas y cuestionamientos en los órganos electorales legalmente constituidos para la calificación. La renuncia del Magistrado Krieger del Tribunal es prueba fehaciente de ello. Mas de fondo es el hecho de que el nuevo Código Federal Electoral demostró ser un instrumento parcial al gobierno y su partido, y contrario a la transparente calificación electoral. Este hecho ha puesto en duda el verdadero resultado electoral. Dicho de otra manera, no se sabe cómo votó el pueblo de México el 6 de julio con absoluta certeza. La falta de legitimidad es el sello característico de ésta contienda electoral. Incluso esta en tela de juicio su legalidad. En virtud de que es imposible gobernar a un país tan complejo como el nuestro sin aclarar, o limpiar, el proceso electoral, se coloca al país en la disyuntiva dolorosa de escoger entre un cambio drástico de régimen político con distintivos pluripartidistas, o transitar el camino de la inestabilidad política junto con la imposición de gobernantes carentes de legalidad.