Por RICARDO PASCOE PIERCE

En su última sesión, la Comisión Federal Electoral (CFE) acordó mecanismos electorales que rebasan, en mucho, el simple ámbito electoral; de hecho, se tomaron decisiones que afectan el resultado de las elecciones federales de 1982 y el futuro político de muchas fuerzas. De las cuatro decisiones, dos fueron de gran importancia, y dos, importantes pero en menor grado, serán tocadas en otros artículos.

En primer lugar, se acordó ampliar las circunscripciones plurinominales de las tres existentes para las elecciones de 1979, a cuatro para las elecciones de 1982. En segundo lugar, se acordó utilizar el mecanismo de primera proporcionalidad para hacer el cómputo de la distribución de las curules plurinominales. Todo dentro de la Constitución y la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.

Desgraciadamente, hablar de cosas electorales, y en particular de la ley electoral, y, más específicamente, de los mecanismos de control, distribución y cómputo de los votos, es hablar en un idioma casi inaccesible para la inmensa mayoría de ciudadanos. Corriendo el riesgo de hablar, aquí también, en ese lenguaje codificado, queremos atrever algunas consideraciones en torno a los acuerdos de la CFE y, en particular, de su significado político.

La decisión de ampliar las circunscripciones plurinominales logra objetivos muy concretos, aunque parciales. El crear más circunscripciones logra dividir y fragmentar más la votación ciudadana, haciéndose así menos clara la voluntad global de la ciudadanía que vota. En segundo lugar, se divide una zona política que, según los resultados de las elecciones de 1979, es vital por ser de donde el PRI, PAN, PSUM, PPS, PST y PDM obtuvieron su más alta votación: el valle de México. Ahora, según la nueva distribución plurinominal, el Distrito Federal pertenece a la primera circunscripción, mientras el resto del valle de México, que es Estado de México, pertenece a la segunda circunscripción. O sea, además de fragmentar globalmente la votación, se fragmenta específica y deliberadamente la votación más importante de los partidos de oposición. Este simple hecho hace imposible predecir la distribución posible de curules plurinominales, puesto que el problema en juego no es el comportamiento del electorado exclusivamente, sino también los juegos matemáticos a que se sujeta el resultado numérico de cada circunscripción plurinominal.

Lo cual nos lleva a considerar el mecanismo de cómputo de los votos: la llamada primera proporcionalidad. En primer término, cabría mencionar que la ley señala dos mecanismos para establecer la distribución de las curules plurinominales: la fórmula de representatividad mínima y la fórmula de primera proporcionalidad. ¿Por qué dos mecanismos? Los dos son válvulas de escape para situaciones políticas diferentes. La representatividad mínima, en tanto sistema contable más estricto, requiere más votos para obtener diputados, mientras que la primera proporcionalidad requiere menos votos para obtener diputados. Así las cosas, es evidente que el uso de uno u otro depende de la situación política imperante en el país, y no de una situación técnica.

Por tanto, el hecho de que la CFE haya aprobado la creación de cuatro circunscripciones plurinominales y el uso de la fórmula de primera proporcionalidad responde a un análisis político del Estado acerca de la situación política del país, de las fuerzas políticas que se mueven y de los problemas políticos que eventualmente enfrentará el próximo régimen.

Es evidente que el problema de mantener divididas las fuerzas de oposición es un objetivo estatal, aunque decir que es el objetivo fundamental sería exagerar, tanto la preocupación del Estado como la fuerza de la oposición. No, el problema realmente no es hoy, sino en el futuro. Al Estado (no, el Gobierno no, el Estado) le preocupa que tantos movimientos sociales surjan sin la dirección de los partidos políticos oficialmente bendecidos como "nacionales". Al Estado le preocupa no tener con quien negociar —formal o informalmente— los conflictos surgidos en sectores de campesinos, colonos y obreros, y por lo tanto busca crear condiciones para el ejercicio de una representatividad opositora equilibrada, conduciendo el proceso de manera totalmente paternalista.

El Estado se ríe de aquellos que insisten en que hay tres fuerzas en juego (PRI, PAN y PSUM), paleros del PRI (PDM, PPS, PST, PARM) y una que ojalá no existiera (PRT). El problema no es el número de curules de los partidos de oposición, sino su capacidad de representar algo que al Estado le sirva en su juego político de mantener la hegemonía política del PRI, con la concurrencia de diversas fuerzas políticas de la vida nacional.

Frente a esta lógica estatal, los partidos de oposición que se dignan en considerarse realmente de oposición deben buscar otra lógica. Una lógica que no es estatal, ni en la dinámica del proceso electoral y su legislación, porque ahí no hay pierde: la oposición siempre pierde. El problema de los partidos de oposición es decir, y reiterar, que el terreno natural favorable a los intereses de los trabajadores no es el electoral, no es el terreno empantanoso de las promesas de una sociedad mejor.

Pareciera reiterativo y hasta dogmático, pero hay que decirlo: el terreno de lucha política y social por el poder de los trabajadores es la huelga, es la organización democrática, es el rechazo incansable a la ideología estatal en el movimiento de los trabajadores.

Corrimos el riesgo de hablar en ese lenguaje codificado, y descubrimos que, detrás del misterio de las fórmulas, los números y las decisiones, hay, siempre, conclusiones sencillas para los trabajadores: estamos hablando de democracia, pero es otra democracia, es la democracia de los trabajadores, no la democracia del Estado, ni del PRI ni de los patrones.