Por RICARDO PASCOE PIERCE

EN los debates del Congreso Constituyente de 1917, uno de los puntos más discutidos fue el de los derechos obreros y campesinos. Después de muchas vacilaciones, el abogado Alfonso Cravioto orientó decisivamente el curso de las discusiones al declarar que "...así como Francia, después de su Revolución, ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre, así la Revolución mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una constitución los sagrados derechos de los obreros".

El artículo 123, inciso A, apartado XVIII, actualmente vigente, reza así: "Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital... Las huelgas serán consideradas como ilícitas, únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos de violencia contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno".

Ante las declaraciones, los hechos, siempre hemos dicho. El 7 de febrero estalló la huelga en Dina-Renault, pues la intención de la empresa de rescindir los contratos de trabajo a 2,500 obreros de planta fue rechazada por el sindicato, y, más importante, por todos los trabajadores. Durante casi un mes la huelga se mantuvo, trabajadores negándose a aceptar el reajuste y la empresa insistiendo en él. Se confrontaron dos lógicas diferentes y contradictorias. Es un caso importante para aquellos que escriben desde la trinchera del interés "colectivo" por encima del individual o de grupo. Es importante porque demuestra a las dos clases enfrentadas y cada una defendiendo su interés histórico. Aquí, con toda desnudez, se demuestra la falsedad del argumento del interés colectivo, pues es evidente una de dos posturas: con los trabajadores, o con el capital. Lo que ya no es válido es la negativa a tomar bando.

El viernes 4 de marzo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga. Una maniobra clásica del Gobierno: declaratoria el viernes, imposibilidad de amparo sindical hasta el lunes, y una campaña "de opinión pública" el fin de semana para desmoralizar a los trabajadores y obligarlos a regresar al trabajo el lunes. Independientemente de si se logra su objetivo o no, la declaratoria de inexistencia no ha hecho "inexistente" el problema de fondo planteado.

En primer término, es evidente que la inexistencia plantea una actitud del Gobierno frente a los conflictos sociales y laborales: al parecer la huelga, cuando no se resuelve rápidamente, debe solucionarse a favor del capital, utilizando los recursos y medios necesarios. El rompimiento de la huelga en Dina es, pues, una amenaza al conjunto de la clase obrera. No hay otra manera de entenderlo, sino como rompimiento de una huelga, amenaza a otras por estallar, y, de pasada, una bofetada de clase a los Constituyentes.

En segundo lugar, contra la intencionalidad declarada del régimen en su Programa de Empleo, el despido masivo de trabajadores de Dina (y amenazas de despidos en la Compañía de Luz y Fuerza) demuestra la profundidad del gesto justiciero.

Al mismo tiempo que el Gobierno anuncia "nuevos empleos", despide a miles. En efecto, aparte del contenido propagandístico y, por ende, demagógico, del Programa de Empleo, lo cierto es que existe una marcada preferencia por empleos poco productivos y mal remunerados, además de temporales, en vez de los empleos permanentes, productivos y bien remunerados. En el fondo topamos, de nuevo, con las dos lógicas: la del capital, que arguye rentabilidad y la necesidad de sacrificios, y la de los trabajadores, que defiende su nivel de vida y su trabajo. Con la acción en Dina, el régimen se hace corresponsable, junto con el capital nacional e internacional, de dar una salida capitalista a la crisis.

Al mismo tiempo, la complejidad de la situación favorece la confusión. Sectores de obreros y otros trabajadores han querido dar su respaldo a la lucha de los trabajadores de Dina, pero algunas direcciones han confundido solidaridad con "línea" política. Nada más equivocado: hoy, más que nunca, los trabajadores de Dina requieren de nuestra solidaridad irrestricta, pues es indudable que, regresando al trabajo, habrá represalias contra dirigentes de todos los niveles. Habrá nuevos despidos, nuevas luchas. El problema de fondo existe.

Si los Constituyentes tuviesen vida y voz, no dudo en vacilar un pronóstico: preguntarían, al unísono, a la Presidencia de la República: ¿y los sagrados derechos de los obreros?