Por RICARDO PASCOE PIERCE 

El último número de la revista española Mercado informa que México se ha convertido en el "primer deudor del mundo" al deber 64,000,000,000 de dólares a la banca internacional. Dice la revista Mercado que "en apenas un mes y medio se pulverizó la presunta fortaleza de la moneda azteca, con la consiguiente sorpresa de los medios financieros internacionales que no aciertan en comprender cómo un país exportador de petróleo puede haber acumulado una deuda externa de 64,000,000,000 de dólares...". Explica el fenómeno mexicano, recordando la ineficiencia del sector agrario, la falta de abastecimiento de la demanda interna, la poca competitividad de la planta industrial nacional, producto en gran medida de la política estatal de subsidios y, finalmente, de la gran fuga de capitales mexicanos hacia Estados Unidos.

Por otro lado, la reciente devaluación del peso mexicano fue del 70%, y ya existe, según la revista británica The Economist, una decisión expresa del Gobierno mexicano de "hacer" flotar el peso mexicano de 45 por dólar a 60, para antes de julio de este año. Considerando que en julio de 1976 el peso se cotizaba a 12.50 por dólar, la diferencia entre 1976 y 1982 (seis años —al segundo mes) es del 380%, mientras que el aumento nominal del salario obrero ha sido del 117%. Claro está, sin embargo, que el aumento real de precios ha sido mucho en la economía mexicana, lo cual ha hecho que el poder adquisitivo real del salario obrero ha disminuido, en los mismos años, en alrededor del 50%.

Mientras The Economist pronosticaba una inflación del 60% para 1982, los empresarios nacionales ya hablan de cifras por encima del 70%.

En respuesta a esta situación, aunado a la creciente fuga de capital —se informa extraoficialmente de 1,000,000,000 después de la devaluación, además del no regreso de capital fugado antes— el Gobierno federal ha anunciado una serie de medidas que, en realidad, fueron recomendadas hace un buen tiempo por el Fondo Monetario Internacional. Reducciones en el presupuesto federal totalizando más del 12% nominal, además de las reducciones en los subsidios federales al consumo popular y la economía familiar de los trabajadores (transportes y servicios), siguiendo una lógica económica precisa: las inversiones públicas van dirigidas, prioritariamente, a la llamada inversión productiva, no la social. O sea, a reforzar el capital privado, industrial y agrícola, en detrimento directo de las masas trabajadoras.

Por último, es evidente que existe una política consciente de las empresas, públicas y privadas, de reducir el personal contratado. De esta manera, el incremento en el desempleo resulta ser una pieza fundamental en la política económica del Gobierno y el capital privado. Leonardo Rodríguez Alcaine, hablando en nombre de los trabajadores electricistas, dijo, al anunciar y justificar ceses masivos en la Comisión Federal de Electricidad, que la crisis es producto de "la flojera de obreros, empresario y el propio Gobierno". Dijo también, no sin un dejo de cinismo, que los trabajadores despedidos cuentan con la capacitación requerida para ser empleados en otros lugares, incluso en la iniciativa privada.

Un primer punto a destacarse es que la crisis económica del país ha llegado a tal límite que el Gobierno se ha visto obligado a tomar medidas drásticas que contradicen completamente el modelo de desarrollo compartido (virtudes y vicios) entre trabajadores, empresarios y Gobierno. Al tomar tales medidas, se desenmascara el Gobierno: sus medidas son agresivas contra los trabajadores, azotan el nivel de vida de las masas, y benefician directamente a los capitalistas, patrones y terratenientes.

Un segundo elemento a considerarse es que la burguesía mexicana ha lanzado una ofensiva contra los trabajadores por un lado, y por otro, hacia el Gobierno buscando más concesiones, subsidios y protección de las organizaciones obreras. Lo cierto es que han encontrado eco en los pasillos gubernamentales: el supuesto subsidio federal al aumento de emergencia es simplemente un ardid del Gobierno para que los patrones no lo paguen. ¿Cómo, y a través de qué mecanismos, va el Gobierno a financiar el 5% del aumento de emergencia? Es simple y llanamente una falsedad gubernamental. Pero, lo cierto en todo el asunto es que, sin temor a equivocarnos, la burguesía ha logrado que el Gobierno la defienda de una manera abierta y descarada, lo cual rompe con ciertas prácticas anteriores del Gobierno, al presentarse ante la sociedad como ente neutral en los conflictos sociales.

Un último elemento que mencionaríamos es el hecho de que se tomen medidas tan drásticas durante el periodo electoral. Indudablemente está, dentro del cálculo del PRI, el siguiente razonamiento: probablemente las medidas puedan generar descontento y más abstencionismo, pero, dado el control aún férreo que se ejerce sobre las organizaciones sociales del país (sindicatos, campesinos, colonos, profesionales, etc.), no habrá rebeldía decisiva; o sea, no habrá revolución.

Estos tres elementos (profundidad de la crisis, eficacia de la ofensiva patronal y control priista sobre las organizaciones sociales) hace ver una perspectiva negra para el futuro de los trabajadores de este país. Por un lado, existe un proceso de desenmascaramiento de carácter real del Estado mexicano, y los intereses que defiende. Por otro lado, también se observa un proceso, lento y desigual, de desencanto de los trabajadores con sus dirigentes y sus alianzas con el Gobierno y los patrones, y una tendencia al rompimiento con esa situación.

Combinando los factores, es evidente que la sociedad mexicana va ruta al momento de la verdad: quién dirige la sociedad, bajo qué premisas y con qué autoridad. Conforme se aceleran las contradicciones económicas y sociales, se hace más evidente que, bajo la gruesa capa pastosa de ideología, la sociedad mexicana va hacia una sociedad o más represiva o una democráticamente dirigida por los trabajadores.