Por RICARDO PASCOE PIERCE 

El candidato electo, Miguel de la Madrid, reclamó violentamente a los partidos de oposición que sus denuncias sobre supuestas irregularidades en el proceso electoral eran frivolidades. Dijo que el PRI ganó 299 distritos uninominales, o de mayoría relativa, y que defenderá sus victorias en la Comisión Federal Electoral y en el Colegio Electoral Nacional de la Cámara de Diputados. Las declaraciones de De la Madrid vinieron justamente cuando el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Comité del Distrito Federal del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) marchaban en las calles de la Ciudad de México, exigiendo el respeto al voto ciudadano, particularmente en relación a estos dos partidos, pues han sido afectados dramáticamente por los datos oficiales sobre los resultados electorales.

La vehemencia de las declaraciones del futuro presidente de México motivan comentario obligado. En primer lugar, es inevitable partir de un supuesto natural cuando se trata de elecciones en México: ese supuesto es que hubo fraude (grande, mediano o chico, dependiendo del caso) durante o después de la jornada electoral. ¿Por qué es un supuesto natural? ¡Porque así lo ha hecho el partido oficial durante cincuenta años, ni más ni menos! O sea, nadie en el país supone que hay fraude electoral porque, por ejemplo, lo haya instrumentado el PSD (defraudar es otra cosa); se supone fraude a partir de quienes controlan el aparato electoral, institucionalmente hablando, o de quienes pueden obligar a sectores sociales a manifestarse de determinada manera, o de quienes manejan los recursos materiales y financieros suficientes para controlar y colocar el flujo de votos.

En estas elecciones del 4 de julio, no se observó un comportamiento "electoral" diferente, en lo sustancial, que en otras elecciones. El caso de Nuevo León es ejemplar: a través de un sistema de radio del Departamento de Aguas y Drenaje en Monterrey, el gobierno estatal y el PRI logran controlar la votación, utilizando los siguientes recursos: no permitir la presencia de representantes de partidos de oposición en las casillas, no entregar actas de cómputo de casilla, el robo de urnas, utilizando los servicios de la Policía citadina, y la transferencia de votos de urna en urna, de distrito a distrito, dependiendo de la votación priista y de la oposición. Reinó, en este día que se planeaba como un festival de la democracia y la libre expresión, la arbitrariedad y autoritarismo no descomunal para Nuevo León, pero sí contradictorio con la intención de elecciones limpias.

En segundo lugar, encontramos las declaraciones contradictorias de las instancias electorales que ponen y quitan votos dentro de un plan maestro de "asegurar" los partidos incondicionales del PRI y de disminuir los votos de los partidos de verdadera oposición al Gobierno, independientemente de sus profundas diferencias ideológicas entre sí. Los grandes perseguidos en este sentido han sido el PRT, PSUM y PAN. Estos tres partidos, juntos, han perdido, según diversos cálculos, más de un millón de votos, y esta cifra podría ser baja.

En publicación insólita, la Comisión local Electoral del Estado de México adjudicó al PRT, en su votación plurinominal, la cantidad de 85,376 votos, mientras que una semana antes, la cabecera de la II Circunscripción Plurinominal, en Durango, Durango, publicó "sus" datos, señalando que, en el Estado de México, el PRT obtuvo 71,942 votos, creando un vacío de 13,434 votos perdidos en algún lugar obscuro de la II Circunscripción.

Vale la pena señalar que esos 13,434 votos serían suficientes para asegurarle al PRT su ingreso a la Cámara de Diputados. De repente, los votos perdidos empiezan a aparecer.

En el contexto de estos dos elementos —supuesto natural de fraude y votos desaparecidos— nos parece que De la Madrid se dirige al problema equivocado. El problema no es si la oposición tiene o no la razón en cuanto sus denuncias sobre fraude electoral, sino que el problema fundamental es por qué, en estas elecciones, el PRI, seguro ganador, recurrió a todo tipo de trampa y engaño para asegurar su victoria. La impresión que esto da es de debilidad, no de fuerza; de temor a la falta de credibilidad, más que a legitimidad ganada. Y, en el fondo del laberinto, está la cuestión...

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... fundamental: ¿cuál es, según el régimen entrante, el destino de la reforma política? Frente a los problemas agobiantes del país, ¿qué camino pretende seguirse? El camino se bifurca en dos vías claramente definidas: voluntad popular o autoritarismo.