POR RICARDO PASCOE PIERCE

Las recientes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Infonavit nos dice muchas cosas del movimiento obrero mexicano. Estas modificaciones legales, aprobadas al vapor por la Cámara de Diputados, siguen la regla de todas las modificaciones constitucionales y legales en lo que toca al movimiento obrero desde 1917: restringir el sentido y aplicación de las formas de organización, acción y reivindicaciones materiales del trabajador industrial. Este ejemplo lo dice todo, ilustra la tragedia del movimiento obrero contemporáneo, y enseña, a los pocos que aún se dejan enseñar, los retos que enfrenta la estructuración y politización de los trabajadores.

El texto original de la fracción XII del artículo 123 constitucional obligaba directamente a los patrones a proporcionar viviendas a los obreros contratados en la empresa. La Ley Federal del Trabajo de 1931 mantenía este derecho de los trabajadores; derecho ratificado en 1970 ante una serie de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. De hecho, no es hasta 1972 cuando, con modificaciones a la ley, se crea el Infonavit y se traspasa la obligación patronal de la vivienda de los trabajadores a espaldas de dicho instituto. Con esta reforma de 1972, se sustituyó la obligación patronal de otorgar viviendas a sus trabajadores por una aportación del 5% sobre los salarios al Infonavit, institución que, a su vez, se preocuparía por los miserables detalles técnicos de la vivienda obrera. Existía en 1972, sin embargo, un aspecto importante para los trabajadores afiliados: en un plazo de diez años los trabajadores recibirían el fondo que a cada uno correspondiese, según la fracción IV del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo. O sea, aún dentro de su obligatoriedad, había un beneficio para los trabajadores, en tanto fondo acumulado durante diez años. El 8 de enero de 1982 entró en vigor una modificación a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Infonavit en donde se suprime la obligación legal del Infonavit de entregar en 1982, los fondos acumulados por los trabajadores en los últimos diez años —o sea, desde 1972—. Dichos fondos, pagados por los trabajadores, ya no les pertenecen; ahora son propiedad de una institución ajena a la clase obrera y sus intereses.

¿Qué ha sido, realmente, el Infonavit, ahora que estamos a punto de celebrar su cumpleaños, institución a punto de convertirse en púber? Ha sido un nuevo punto de apoyo a las direcciones sindicales, al ser un foco de corruptelas y transas sindicales. Es otra fuente de enriquecimiento explicable para líderes vendidos, al mismo tiempo que "aliviana" a los patrones: por fin, se deshicieron de esa horrible legislación que los hacía responsables por la vivienda de sus empleados. La creación del Infonavit benefició a líderes corruptos y a los patrones, mas no a los trabajadores, quienes vieron no solamente reducidos sus derechos históricos de clase, si no directamente su ingreso real.

Una digresión del tema nos revela un hecho curioso: la equivocadamente llamada diputación obrera del PRI insistió en su paquete legislativo (requisa, 40 horas, salario "remunerador"), perdió elegantemente el 100% y hoy negocia curules en las dos cámaras; sin embargo, jamás se escuchó una palabra crítica sobre un tema que afecta no solamente a los obreros, sino también a los patrones, por ser un derecho (por minimizado que sea) de aquéllos. Lo cierto, y eso nos lleva al problema de fondo, es que los priístas vestidos de overol defienden intereses ajenos a los de la clase trabajadora, al mismo tiempo que mantiene, sobre ella, el control político y organizativo. El caso de la legislación sobre el Infonavit lo demuestra: el Congreso del Trabajo realmente no representa a la clase obrera; sin embargo, en la práctica la representa.

Fue el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) quien denunció, primeramente, el carácter reaccionario y regresivo de las modificaciones legales. El sindicalismo insurgente, independiente y democrático que defiende desde las trincheras de la huelga, los derechos de la clase obrera del país. El sindicalismo que pretende, como proyecto político fundamental, redefinir el perfil político, ideológico y organizativo de la clase obrera mexicana, sobre la base de un supuesto: la independencia absoluta de los trabajadores del Estado y los patrones.

Mientras los priístas cambian leyes, reparten corruptelas y se disputan el poder, los sectores de vanguardia de la clase trabajadora buscan nuevas organizaciones y nuevas democracias. Es preciso reconocer las dificultades que enfrenta esta lucha; además de años de frustraciones, ha costado vidas de valiosos luchadores. Aun con la disposición de lucha de muchos sectores (en 1981 vio al menos 300 huelgas importantes en sectores industriales y de servicios en todo el país) es patente la carencia de un proyecto global independiente que aglutine y organice amplios sectores dispuestos a ello. La legislación sobre el Infonavit refleja fielmente la debilidad del movimiento insurgente, los priístas aún se salen con la suya.

En este momento, el Infonavit representa un atraco a los trabajadores, aun reconociendo la "ilegalidad" de un movimiento independiente debe concentrar su rabia en los problemas de fondo, en los problemas que hacen posible este atraco. Con la crisis económica, es probable que se den más situaciones de este tipo, pues existe la necesidad del sistema de restringir aún más el nivel de vida de los trabajadores. Cada vez, el movimiento insurgente enfrenta un espejo fiel y áspero de los acontecimientos: de la vez, habrá problemas más difíciles que superar; y, cada vez, estará más cerca la organización política de los trabajadores que de la representatividad ficticia del Congreso del Trabajo.