Por RICARDO PASCOE PIERCE

EL gobierno y su partido mantendrán el control indiscutido de los procesos electorales: esa es la esencia de la nueva legislación electoral, aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados. Se completa así la contrarreforma electoral iniciada en octubre de 1989, mediante el extraño y sorpresivo acuerdo entre el PRI y el PAN, para asegurar la perpetuación de un régimen repudiado por el voto popular desde julio de 1988 hasta la reciente elección de Uruapan. A cambio de algunas concesiones secundarias, la ahora llamada mayoría ha creado y sancionado las condiciones legales que permiten prolongar la cultura del fraude electoral y la sistemática distorsión de la voluntad popular.

En el debate en la Cámara de Diputados se determinaba, en buena medida, el futuro político del país. Se decidía la disyuntiva que, en este ámbito, el país enfrenta: la apertura hacia una verdadera y moderna democracia política o el refrendo, apenas maquillado, del sistema en que se erige, como una reliquia del pasado, un inconfundible régimen de partido de Estado. Si bien los términos reales de esta discusión quedaron enturbiados por el manejo oficial de los medios de comunicación, lo cierto es que ha quedado clara la diferencia entre un auténtico proyecto de transición del autoritarismo a la democracia y otro de defensa a ultranza de statu quo.

Con sus iniciativas en torno al nuevo Código Electoral, el PRD quiso garantizar los procedimientos por medio de los cuales los gobernantes pudiesen ser electos con legitimidad en sus cargos de representación popular. Para lograrlo, habría sido necesaria una participación directa de los ciudadanos que permitiera superar los vicios electorales, a los que recurre consuetudinariamente el oficialismo. Se puso una vez más en evidencia que, en éste como en otros campos, hay dos proyectos fundamentales para la nación. Por una parte, el de esa nueva mayoría que representa la subordinación creciente al exterior, que es concentrador del ingreso y de la riqueza y, en lo político, profundamente conservador. Por la otra, la opción que la nueva sociedad civil ha definido y demandado, comprometida con la igualdad y la justicia social y con el desarrollo independiente y democrático de la nación.

En 1989 se promovió una reforma a la Constitución, que desvirtuó el mandato popular y, como derivación, también una promesa gubernamental. Esta reforma dejó fuera la posibilidad de un consenso nacional. Eliminó, sin mayor explicación, temas capitales como la democratización del Senado de la República, la elección directa de las autoridades del Distrito Federal, la apertura de los medios de comunicación, la erradicación del control corporativo, la reglamentación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, el fin de la autocalificación, por mencionar sólo algunos de los más relevantes. Se concentró, de hecho, en la cuestión electoral pero descartando, desde un principio, la posibilidad de instaurar un auténtico organismo autónomo y confiable, como existe en la mayor parte de los países democráticos, incluyendo a muchos de nuestra región. Fue aún más regresiva al introducir una cláusula llamada de gobernabilidad que crea artificialmente una mayoría absoluta, con obvia dedicatoria y para favorecer al partido oficial. Por si fuera poco, reforzó el control gubernamental sobre los organismos electorales. Con el aval del PAN, otorgó al Ejecutivo federal, cuyo titular es simultáneamente el jefe máximo de su propio partido, la facultad de designar, en forma unilateral, a la parte decisiva del máximo organismo responsable del proceso electoral y a la totalidad de los integrantes superiores del tribunal electoral. El PRD, desde luego, se negó a convalidar esa reforma. Sin embargo, y como es su obligación, optó por no cejar en su esfuerzo por alcanzar, aun dentro de los estrechos marcos impuestos con la propia reforma constitucional, cambios de fondo, o al menos significativos, en la ley reglamentaria.

Nuestro partido diseñó un conjunto de fórmulas y opciones al proyecto del PRI, caracterizado no sólo por su deliberada desmesura sino por su enfoque abusivo y burocrático. Fueron expuestas a diversas fuerzas, escuchando razones y puntos de vista, ajustando criterios, sin más límite que el compromiso con la democracia. Pronto se puso de manifiesto que con los partidos que en 1987-1988 formaron parte del FDN, no hay convergencia en esta línea de avance y defensa de la democracia. Se terminó por imponer en ellos una visión pragmática que los hace depender del gobierno, mediante una representación ficticia y el manejo correspondiente de las prerrogativas legales. Con el Partido Acción Nacional y el Grupo Independiente también se buscó un acuerdo y se elaboró una propuesta conjunta que fue entregada al gobierno y a su partido. Abarcaba temas muy diversos referidos a la totalidad de los problemas: desde aquellos que se inician con el registro de los ciudadanos, hasta los que se refieren al cómputo y a la información del resultado de los comicios. En el centro, y como es obvio, se encontraba la cuestión relativa al organismo encargado del conjunto del proceso. Nuestra propuesta fue clara desde el principio: se trataba de que los funcionarios de casilla no fueran objeto de la manipulación y el control del gobierno y de su partido y propusimos, al mismo tiempo, una fórmula elemental para integrar los organismos electorales, intermedios, estatales y distritales, con la concurrencia de al menos un voto de los partidos opositores. El gobierno se negó, argumentando que ello equivaldría a perder todo control sobre...

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las casillas y los organismos encargados de la preparación y la vigilancia de las elecciones. Con quienes habíamos alcanzado un acuerdo sobre el fondo, también convenimos reglas comunes de comportamiento, respetando los necesarios márgenes de libertad de cada fracción parlamentaria, mismas que fueron observadas por el Grupo Independiente. Sin embargo, Acción Nacional incurrió en la misma conducta que en octubre de 1989, lo condujo a dar su voto aprobatorio a las reformas de la Constitución: privilegió su alianza y coincidencias con el proyecto salinista en otras áreas por encima de su compromiso democrático con los intereses ciudadanos.

El día 12 de julio se puso a consideración, ante el pleno de la Cámara de Diputados, la solicitud de las fracciones parlamentarias del PRD, del PAN, del PARM y del Grupo Independiente para que el debate sobre el Código Electoral se transmitiera en vivo, por televisión, con el propósito de garantizar el derecho ciudadano a la información sobre temas de interés nacional. Esta petición fue rechazada por la mayoría priísta. La situación llegó al límite cuando, para imponer el proyecto oficial, se violó el Reglamento Interior del Congreso en lo que se refiere a la discusión de las leyes en lo particular. Se resolvió votar en bloque los artículos impugnados y aprobar, en unas cuantas horas, una ley que contiene 410 artículos. Este procedimiento ilegal hizo que el PRD abandonara la sesión en protesta por las prácticas de facto para aprobar leyes fundamentales.

La votación en la Cámara de Diputados determinó con precisión la situación y la circunstancia política en que se desenvuelve la nación. Por un lado, votó un bloque que defiende y desea prolongar el funcionamiento del sistema político existente. Por el otro, votó en contra un bloque definido en favor de la auténtica transformación política del sistema, que es un reclamo del pueblo mexicano y una exigencia de los tiempos en que vivimos. La fuerza de cada bloque en la sociedad es diferente a la reflejada en la Cámara de Diputados. La mayoría de los mexicanos aspira a una reforma política democrática que asegure la efectividad del sufragio. Los diputados que votaron en favor de la antidemocracia tendrán que asumir su responsabilidad personal y colectiva ante la historia.

El periodo extraordinario tocará, ahora, en la Cámara de Senadores, el tema del Código Electoral. Pese a que, como en el pasado, se pretende que sólo sea un mero trámite procesal, la posición y el voto de los senadores del PRD se orientará a defender la aspiración mayoritaria de los mexicanos: la democracia y la participación ciudadana en la elección de sus gobernantes. Despojados de sus alianzas, las posiciones fundamentales ahí se harán transparentes.

Desde ahora se experimentan, en varias entidades de la República, las formas y las prácticas fraudulentas que, en sus distintas variantes, se pretende aplicar a nivel federal en 1991. La contrarreforma electoral, en toda su extensión, está en vías de consumación. Aun con ella, y contra ella, el PRD seguirá participando en las elecciones, luchando casilla por casilla y distrito por distrito para lograr que se respete el voto, haciendo uso de todos los recursos legales a su disposición para su defensa y al servicio de la lucha por una genuina opción democrática en México.

La necesidad de una convergencia de todas las fuerzas dispuestas a pactar y consolidar un acuerdo por la democracia se ha hecho más urgente. El PRD reitera su disposición a buscar amplias coincidencias con distintos sectores ideológicos y políticos del país para oponerse, y derrotar, al autoritarismo prevaleciente y sólo en apariencia consolidado con esta nueva legislación electoral. El pueblo mexicano ha expresado su repudio al régimen y a sus aliados, así como su voluntad intransferible de participar y gobernar. Exige que se respete el sufragio y que se imponga su soberanía, plasmada en la Constitución de la República, para decidir quién y con qué legitimidad está en aptitud de dirigir los destinos de la nación.