Impunidad
POR RICARDO PASCOE PIERCE
LA agresión reciente que sufriera la señorita Mariana Rodríguez, secretaria del escritor Jorge G. Castañeda, es indicio de la situación que vive el país en materia de los derechos humanos. No es sorprendente que a los pocos días de haberse constituido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la misma que recibió el apoyo tanto de la izquierda socialista como de la derecha empresarial, haya ocurrido un acto de tal naturaleza que pone en entredicho la Comisión misma. Ciertamente la agresión sufrida por Castañeda y su secretaria, que contiene amenazas reiteradas en contra de su integridad física, pone en tela de juicio no solamente la palabra presidencial, sino que cuestiona seriamente la autoridad con que Salinas presumiblemente dirige los destinos de la nación. El hecho palpable en este caso es que no hay sino una posible, y al mismo tiempo compleja, conjetura sobre el origen, destino y destinatario de las amenazas a Castañeda.
Es una acción que, por el régimen de partido de Estado en México, proviene exclusivamente de actores materiales e intelectuales ubicados dentro del aparato estatal. El régimen político del país ha asegurado que todos los ciudadanos mexicanos sepan con absoluta certeza que agresiones de este tipo solamente pueden ser perpetrados por aparatos policiacos controlados por alguna dependencia, corriente política o aparato judicial incrustado en el Estado mexicano. Esto explica por qué la primera reacción fue la de los desmentidos. El desmentido del presidente y el de Manuel Camacho.
Desmentidos que provienen de un sector del aparato estatal y una corriente política dentro del propio PRI y el Gobierno. Pero hay otros sectores y hay otras corrientes. El primer deslinde de responsabilidades y expresión de preocupación por ambos representativos políticos inmediatamente fue contradicho con el hecho de que la segunda amenaza produjo una especie de contrasentido a lo dicho por el propio presidente. Crecen los casos de agresión a disidentes que no coinciden con las políticas gubernamentales, tanto en lo económico como en lo político y social. La contradicción creciente entre el discurso modernizador del régimen en lo económico y su práctica arcaica y represiva en lo político, ha sido puesto de manifiesto con el caso de Castañeda.
Este caso es significativo porque ha levantado muchas cejas de formadores de opinión en Estados Unidos. Se advierte particularmente con la segunda amenaza (reiterando el primero y desacatando lo dicho por el presidente), la crisis de autoridad y mando existente en México. Lo más grave de todo es que ha abierto una duda profunda acerca de la viabilidad de gestión y establecimiento de políticas del gobierno de facto que rige en México. Es sobradamente conocido que el equipo cercano al presidente encuentra en Castañeda un elemento en extremo irritante para sus políticas y sus pretensiones, particularmente con la intelectualidad norteamericana.
De alguna manera el contrapeso que hacen diversos intelectuales disidentes mexicanos, entre los cuales está Castañeda, había generado una reacción entre sectores cercanos a la presidencia. En este contexto, se mencionaron figuras como Wayne Cornelius, cuya participación en el análisis de la política mexicana fue cuestionada en su momento. Permanecía la tensión en el equipo cercano al presidente, manifestándose incluso en contradicciones con los conceptos vertidos por el mandatario. El domingo, el periódico "El Nacional" publicó un editorial cuestionando la veracidad de lo dicho por Castañeda, lo que generó respuestas públicas, incluyendo una carta de Héctor Aguilar Camín.
El fondo de la situación también sugiere una presión hacia los sectores intelectuales disidentes para abrir espacios de interlocución sobre los problemas nacionales. Una de las intenciones paralelas habría sido organizar un foro de concertación nacional sobre las dificultades del país, aunque esto ocurría en un marco de denuncias por violaciones a los derechos ciudadanos.
Una perspectiva de análisis indica que, si la agresión proviene de estructuras relacionadas con el Estado, existe el riesgo de que prevalezca la impunidad por razones de Estado. Este debate en el PRI, de carácter programático, giraba en torno a la hegemonía del partido y cómo mantenerla.
Este proyecto de hegemonía priísta
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Este proyecto despierta discusiones sobre su ejecución. Existen contradicciones al interior del aparato estatal sobre cómo abordar esta situación. La agresión a Castañeda se inscribe en una lucha más amplia por definir la perspectiva del régimen mexicano hacia las elecciones de 1991. El debate sobre los proyectos estratégicos para la sobrevivencia del sistema de partido de Estado es lo que subyace a estos eventos. Se plantea que la impunidad podría seguir prevaleciendo como un recurso para defender posiciones políticas en ese contexto histórico.
