Una solución a la deuda externa (I)
Por RICARDO PASCOE PIERCE
EL gran problema de la década de los años ochenta, no resuelto todavía en la actual, fue el compromiso de cubrir el servicio de una deuda externa que había rebasado la capacidad de pago del sector externo de los países en desarrollo altamente endeudados.
La responsabilidad de los gobiernos afectados es abordar el asunto con una comprensión visionaria y justa, que dé impulso a medidas que permitan una solución aplicable en el ámbito multilateral, que fortalezca a las instituciones involucradas y que responda, sobre todo, a los intereses nacionales y populares de los países endeudados de América Latina, partes principales del conflicto.
Nos referiremos, en adelante, al problema de la deuda histórica, calculada en cerca de 430,000 millones de dólares para América Latina. Su servicio constituye una carga intolerable sobre nuestras balanzas de pagos y una merma sobre nuestras reservas internacionales, incompatible con la sana recuperación de la economía del área.
Al estallar la crisis de pagos, en 1982, los círculos de decisión le dieron un enfoque equivocado, al pretender que se trataba de un problema de liquidez, susceptible de resolverse con medidas de ajuste de corto plazo. No se quiso ver que constituía un problema estructural profundo, de insolvencia financiera del sector público y que siendo éste el principal agente económico de las sociedades latinoamericanas y colocado en una situación fiscal precaria, no podría cumplir con las obligaciones contraídas, ni aun reduciendo drásticamente la inversión y el gasto público, con lo cual se condujo a la economía a una severa recesión y agravó la pobreza de las clases populares en América Latina.
Las subsiguientes renegociaciones de la deuda externa evitaron la moratoria —definida como la incapacidad formal de cumplimiento—, pero no la suspensión de pagos, a la cual han recurrido casi todos los deudores, ya sea en forma unilateral o convenida con los acreedores. El Plan Baker cayó dentro de esta óptica y fracasó como solución duradera, en parte por la renuncia de la banca privada para otorgar mayores préstamos a deudores insolventes.
Lo que ha quedado claro en ocho años de ajustes recesivos y sucesivas renegociaciones —que significaron una transferencia de 250,000 millones de dólares por parte de América Latina— es que el pago del servicio de la deuda externa es incompatible con los objetivos nacionales del desarrollo. Estos son, entre los principales:
- Crecimiento sostenido del producto interno bruto;
- Estabilidad del nivel de precios;
- Defensa de las monedas nacionales;
- Distribución equitativa del ingreso.
Tenemos que estar conscientes que bajo las condiciones actuales no es posible pagar y crecer. El proceso del desarrollo de América Latina, desde los años cincuenta, se ha visto limitado por una restricción externa de escasez de divisas y por la mala distribución del ingreso, consecuencia, a su vez, de la operación de las leyes del mercado y del autoritarismo de sus regímenes políticos que permiten la coexistencia de una pobreza masiva con los crecientes privilegios de las oligarquías. Durante la década de los años ochenta, las diferencias en el ingreso se agudizaron no sólo entre países, sino entre las clases de un mismo país. Esta es la cosecha de las políticas neoliberales que predominaron en la década.
El Plan Brady, si bien reconoce que el problema de la deuda externa de los países en desarrollo requiere de quitas de capital y de intereses, es insuficiente, costoso y de aplicabilidad limitada. En el caso de México continúa siendo excesivo el pago de los intereses, la balanza de pagos nuevamente está en desequilibrio y se recurre a nuevos préstamos externos, sin haber resuelto el problema de las altas tasas internas de interés que deprimen la inversión, premian la especulación y encarecen el servicio de la exorbitante deuda interna.
La falta de disposición y de corresponsabilidad de los gobiernos de los principales países acreedores debe vencerse con la firme voluntad política de un grupo de vanguardia de los gobiernos de los países deudores que planteen y fundamenten una solución ajustada a normas de derecho internacional no escritas, pero reconocidas en el área de la cooperación económica internacional.
Debemos pugnar por un replanteamiento del tema en los foros multilaterales. Con base en ciertos lineamientos generales que son, incluso, de sentido común. Tales foros pueden ser la reunión de gobernadores del Fondo Monetario Internacional-Banco Mundial, o bien una reunión extraordinaria del Comité Interino del Fondo Monetario Internacional con motivo de su próxima reunión anual. El objeto de dicha reunión sería considerar:
I. Los gobiernos deudores deben recuperar su status de sujetos de crédito internacional para estar en posición de enfrentar los nuevos desafíos y oportunidades presentes en un mundo multipolar e interdependiente, con perspectivas de ampliación del comercio y la democracia en todo el continente americano;
II. La banca acreedora debe absorber una parte equitativa de las pérdidas, determinadas por los gobiernos deudores sobre la base de su capacidad individual de pago la cual debe reflejar la rentabilidad real de sus fuerzas productivas como fuentes generadoras de divisas;
III. Los gobiernos acreedores, algunos de los cuales también son deudores, como Estados Unidos, deben apoyar medidas que no recaigan sobre sus contribuyentes sino sobre la potencialidad productiva de la eco...
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...nomía internacional. Hay evidencia de que se han realizado enormes transferencias de recursos sin haber ocasionado una debacle financiera, tal como ocurrió con los tipos de cambio flotantes, el alza y baja en los precios del petróleo, la sobrevaluación del dólar, entre otras;
IV. Las instituciones financieras internacionales se harían cargo de las operaciones anteriores de "borrón y cuenta nueva" se puede abrir una ventanilla especial en el FMI para comprar la deuda descontada a los bancos acreedores, emitiendo al efecto una suscripción especial de derechos especiales de giro al 4% anual, respaldada con el oro en poder de esa institución. De esta manera, los bancos que desearan recuperar su liquidez podrían ir vendiendo su cartera e ir compensando fiscalmente las pérdidas a su conveniencia. Los deudores recuperarían su capacidad de sujetos de crédito internacional de un solo golpe. En el caso de América Latina, la deuda de 430,000 millones de dólares, descontada a su valor real —que según SELA es del 25%— significaría un monto de 100,000 millones de dólares, cantidad perfectamente manejable en el FMI y susceptible de suscribirse por los gobiernos de los países acreedores y otros;
V. Los gobiernos deudores en desarrollo comprarían la deuda descontada en poder del FMI, pagándola en moneda nacional; por lo tanto, no se trata de una condonación sino que el Fondo Monetario Internacional-Banco Mundial pondrían este fondo a disposición de los gobiernos acreedores para utilizarla en financiar gastos locales de proyectos de cooperación económica internacional, de construcción de infraestructura básica y de mejoramiento ambiental, preservación de los bosques tropicales, descontaminación de agua, etcétera;
VI. Con toda firmeza deben evitarse medidas que signifiquen una interferencia en los sistemas económicos internos de cada país que, en forma autónoma y soberana, deben decidir su grado de apertura, su combinación entre propiedad estatal, privada o mixta y entre inversión nacional o extranjera;
VII. Debe limitarse el uso de los SWAP, esto es, intercambios compensados de deuda improductiva por activos productivos, que frecuentemente sirven para que los intermediarios obtengan muy altas ganancias sin contribuir a superar la insolvencia financiera externa de los gobiernos deudores.
Este esfuerzo, y seguir la estrategia aquí planteada, no sólo podría resolver ese problema que es central en América Latina, sino que puede ser un camino viable también para otros pueblos del tercer mundo, ubicados en otros continentes.
