Democrática
RICARDO PASCOE PIERCE
Los verdaderos resultados electorales han sido oscurecidos por los hechos políticos. Lo más seguro es que nunca se sabrá, a ciencia cierta, cuáles fueron los resultados finales precisos. Sin embargo, es la primera elección en que la oposición tiene un alto grado de información y una infraestructura suficiente para llevar a cabo su análisis. Esta nueva realidad de la oposición, unida a su información electoral, es el punto de partida de la nueva situación política prevaleciente en el país.
El primer cambio significativo ha sido la activa presencia de la oposición en la defensa del voto en las casillas electorales. Los sistemas de captación de información alternos al de la Comisión Federal Electoral, principalmente del PMS y el PAN, se basan en la recepción de información de los representantes de casilla. El FDN en su conjunto cubrió efectivamente no menos del sesenta por ciento de las casillas en todo el país. Esto es notable, pues uno de los fenómenos descubiertos en este proceso ha sido la sorprendentemente baja representación priísta en las casillas. En el D.F. abrió el 80% de las casillas, mientras la oposición estuvo en el 100% de ellas.
Claro, si no hay un representante priísta, estará el presidente de casilla. Independientemente de ello, el hecho es que el PRI, ahora como estructura partidaria, no gobierno, tuvo muchas dificultades para asegurar sus representantes a las casillas.
El segundo cambio significativo fue que, con la experiencia de anteriores elecciones, se pudo establecer sistemas y procedimientos suficientes para captar, con seguridad, más del cincuenta y dos por ciento de los datos electorales efectivos. Si bien esto nos muestra las deficiencias existentes en el sistema de cómputo electoral de la oposición, también permite establecer, con toda validez estadística, tendencias irreversible en los resultados finales.
Por último, es evidente que el manejo de información electoral por parte de la oposición ha colocado al gobierno en una posición política difícil. El privilegio informativo ha sido siempre la prerrogativa electoral más importante del PRI. Ese privilegio permitió la maquila arbitraria de datos en elecciones anteriores, mismos que chocan con los resultados actuales. Así, mientras Miguel de la Madrid pudo obtener la fantástica cantidad de diecisiete millones de votos (sumando los votos del PRI, PPS y PARM), ahora Salinas de Gortari apenas libró los 9.6 millones de votos.
Alguien ha dicho que este simple hecho ha permitido las elecciones más limpias en muchos años. Nada más falso. Son las elecciones más sucias, por dos razones: 1. Porque se burló la voluntad popular al imponer un candidato en contra de la votación mayoritaria por Cárdenas; y 2. Para lograr esta burla, se recurrió a los métodos más retrógradas y obvios para ocultar la verdad y alterar los resultados finales.
Parte consustancial del debate político, es el tipo de fraude que se realizó. Ya es un lugar común decir que, a partir del 6 de julio, México cambió. Sin embargo, antes del día de las elecciones ciertas facetas operacionales de la cultura política estaban en plena transformación. Quizá la más importante, para efectos del propio proceso electoral, es el cambio en el tipo de fraude posible, dadas las circunstancias nacionales. No podemos dudar que el fraude tradicionalmente realizado no se entendía necesariamente como una burla al voto popular, sino como una afirmación, "con énfasis", de esa voluntad. Con énfasis quiere decir, lisa y llanamente, que se podía aumentar los votos de un triunfo para fortalecer la imagen de consenso y legitimidad. Por esta razón, las contiendas electorales han sido, durante décadas, esfuerzos para afianzar posiciones políticas, pero no para ganarlas, pues se suponían ganadas a priori. Para la cultura política prevaleciente, la disputa no era ganar elecciones, sino afianzar la legitimidad del elegido y de sus intereses. Por ello, el fraude se inscribía en un contexto político nacional, estatal o regional radicalmente distinto al actual. Obvio es que esto de ninguna manera justifica el fraude y su acompañante político-cultural en los sindicatos, organizaciones profesionales, ejidos y colonias populares, pero sí lo sitúa como parte de una etapa histórica del país.
Por la evolución y desarrollo del partido del Estado, el carácter indivisible entre el interés de partido y las razones de Estado ha colocado en la sociedad mexicana en la tesitura permanente de refrendar la hegemonía de la burocracia política en el poder, o sufrir una cruel y despiadada persecución. Parte de la cultura de la complicidad corporativa de la hegemonía priísta era, justamente, la participación de amplios sectores sociales en el fraude electoral. Como un secreto a voces, se sabía que ser presidente de casilla o de un comité distrital entrañaba honores, pero también compromisos. Y durante muchos años así fue. Las organizaciones sociales, y sus dirigentes, fueron el motor voluntario, o involuntario del fraude. Todo esto hacía que la verdadera elección era la que definía el candidato al interior del partido, no hacia afuera en la "elección popular". Y mucha gente, callada, esperaba el día en que todo cambiara.
En estas elecciones, la complicidad corporativa empezó a demorarse. Incluso se dio únicamente hasta el 6 de julio. Pero, cuando el alto mando priísta se percató de que había perdido las elecciones, recurrió al fraude de los sótanos y de las tinieblas, y no tanto al fraude corporativo. Cabía la sospecha, por parte de la alta burocracia política, de que la debacle electoral fue producto de la traición de las bases populares del fraude. Obviamente el 6 de julio no se rellenaron las urnas como se había previsto, ni funcionaron los carruseles como se había programado. No. Más bien hubo cierto rechazo al fraude corporativo, y por ello se recurrió a la elaboración de actas, cambio de cifras y quema de casillas como acto político cupular. La tradición del fraude surgido del consenso se derrumbó y no fue sustituido sino por burdos actos elementales e ilegales de cambio de las cifras. Por esta razón, aunado a la mayor participación y vigilancia opositoras, es que es posible precisar, dentro de ciertos límites, los lugares y montos del fraude.
Remando contra toda lógica del proceso electoral en su conjunto, algunos distritos le entregaron a Salinas más del setenta por ciento del voto emitido. Esto incluye un tres por ciento de casillas, aproximadamente, que otorgaron al cien por ciento de sus votos al PRI, sin un solo voto para la oposición. Estos casos son llamativos en virtud de que Salinas recibió el cuarenta y nueve por ciento de los votos a nivel nacional, según datos de la CFE, y el veinticinco por ciento del padrón electoral. ¿Qué lógica electoral permitiría suponer que pudiera recibir el noventa y siete por ciento de los votos de un distrito electoral (como ocurrió en Comitán, Chiapas), cuando a nivel nacional obtuvo menos del cincuenta por ciento? Ninguna, excepto los criterios y fenómenos excepcionales del fraude, no tradicional, sino del sótano. Fue el reclamo nacional ante esta situación lo que hizo que el PRI perdiera la cabeza y la cordura, y, violentando todas las formas, aprobara un dictamen plurinominal con cifras falsas. En un país en donde la forma expresa el contenido real de las cosas y con un régimen consciente de las formas y su función política, no deja de llamar la atención tal rompimiento de la formalidad y de la legalidad. Tal pérdida de pensamiento político.
El PRI se adjudicó 3.5 millones de votos en los distritos electorales en donde más del setenta por ciento de votos emitidos supuestamente para su partido. Contando con distritos en los estados de: Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas; y significativamente, siete de Puebla, cuatro de San Luis Potosí, tres de Tabasco, ocho de Veracruz y tres de Yucatán fueron suficientes para alterar los resultados electorales nacionales. Sin embargo, no se ha podido confirmar toda la información debido a la cerrazón de la CFE por entregar los datos completos y desglosados por casilla. ¿Cómo arribó la CFE a estos datos? Sigue siendo un misterio. Pero por esto se dice con todo cuidado, que el PRI adjudicó los votos necesarios para oficializar su victoria.
Datos del FDN señalan que el gobierno le restó 1,761,720 votos a Cárdenas, 923,035, al PAN y agregó 2,644,585 votos a Salinas. La suma de votos opositores desaparecidos es de 2,684,755, arrojando una diferencia de cuarenta mil ciento setenta votos con los adjudicados a Salinas. Obviamente todos estos datos, basados en proyecciones, pueden sufrir en precisión por algunos de sus sesgos. Sin embargo, el universo de votos inicial es tan grande que una proyección de este tipo tiene un alto grado de validez.
Además, la revisión cuidadosa de los expedientes por distrito electoral revela una enorme cantidad de irregularidades que se traduce en aumento o reducción de votos, según el partido o candidato. La elección de 1988 no tiene nada de limpio.
Una lamentable carencia en este proceso ha sido la negativa del Partido de Acción Nacional de proporcionar la información electoral que recabó en su centro de cómputo. Sin saber lo que revelarían estos datos, lo cierto es que existe una motivación ideológica en su negativa. Ha aparecido el límite de la concepción panista de la democracia: ésta tiene relación directa con sus avances o retrocesos electorales como partido; particularmente si se trata del avance de la izquierda. Sería una arma de gran importancia democrática y, sin embargo, Acción Nacional se niega a publicar su información. El PMS es el partido que más tiene, en su haber, en este renglón. Realizó un gran esfuerzo por captar y sistematizar los resultados electorales. Entendido el papel de la información divulgó sus resultados. La información del PMS es lo que, fundamentalmente, ha permitido la información de la CFE, detectar sus contradicciones internas.
El Tribunal de lo Contencioso Electoral revisó impugnaciones a más del setenta por ciento de los distritos uninominales y desechó todas menos en trece distritos. Demostró, por un lado, la enorme cantidad de irregularidades registradas en las elecciones y, por el otro, la imposibilidad de resolver adecuadamente las dudas y cuestionamientos en los órganos electorales legalmente constituidos para la calificación. La renuncia del Magistrado Krieger del Tribunal es prueba fehaciente de ello. Más de fondo esta el hecho de que el nuevo Código Federal Electoral demostró ser un instrumento parcial al gobierno y su partido y contrario a la transparente calificación electoral. Este hecho ha puesto en duda el verdadero resultado electoral. Dicho de otra manera, no se sabe como votó el pueblo de México el 6 de julio con absoluta certeza. La falta de legitimidad es el sello característico de esta contienda electoral. Incluso está en tela de juicio su legalidad. En virtud de que es imposible gobernar a un país tan complejo como el nuestro sin aclarar, o limpiar, el proceso electoral, se coloca al país en la disyuntiva dolorosa de escoger entre un cambio drástico de régimen político con distintivos pluripartidos o transitar por el de la inestabilidad política, junto con la imposición de gobernantes carentes de legalidad.
