Por RICARDO PASCOE PIERCE

EL debate acerca de las diferencias entre “técnicos” y “políticos” en la escena política nacional, llevado al terreno de las elecciones, demuestra su auténtico carácter: las dos caras de una misma moneda.

Veámoslo más de cerca. Una contienda electoral, para que tenga legitimidad, debe considerarse “limpia”. O sea, poder demostrar de que en mayor o menor grado hubo respeto a la llamada voluntad popular y por lo tanto, los resultados reflejan una disposición mayoritaria. Si no existe la idea de elecciones limpias, en realidad no hay legitimidad de los resultados, y, de hecho, los “elegidos” son representantes impuestos contra la voluntad popular. Así, hay una íntima relación entre los resultados de una elección y la impresión de que se respetó la decisión mayoritaria sin coerción ni presiones externas.

Semejante problema enfrenta el PRI y su gobierno en las elecciones federales de 1982. Para este binomio útil es, a estas alturas de la crisis económica, política y social del país, un problema político de primer orden el asegurar no solamente el resultado de las elecciones (asegurado por el “aparato”), sino también su legitimidad. Incluso para el PRI, la preocupación política de las elecciones no es quién ganará, sino más bien cómo asegurar la continuidad del régimen, con legitimidad social y política. Cómo asegurar que el Gobierno pueda continuar su política económica dictada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin generar una profunda crisis política de representatividad del gobierno.

En toda América del Sur los proyectos políticos que acompañan las políticas económicas del FMI han generado intervenciones militares. En México, la burocracia política gobernante, añadiendo que es civil, prefiere hacer las cosas a su manera y busca evitar la intervención de las instancias militares lo más posible en sus asuntos. Pero, finalmente, la definición e imposición de los proyectos económicos del gobierno se hace a través de la fuerza, si el convencimiento no resulta.

La Reforma Política, ideada en otro sexenio, por hombres ya desaparecidos de la escena política, tiene un objetivo primordial, enfatizado recientemente por Miguel de la Madrid en Monterrey, centro y cuna de la gran burguesía mexicana: “fortalecer el sistema político hegemónico en el país, y, en particular, al PRI. Como candidato del PRI a la presidencia, y sin que se pretenda una visión de bola de cristal, seguramente al próximo Presidente de la República, le debe preocupar en particular la posibilidad de llevar a cabo el proyecto económico del Gobierno mexicano: reducción del salario real de los trabajadores, reducción de los gastos federales en el rubro social, y el aumento de apoyos al sector industrial privado y a la industria agroexportadora del campo. Se quiere evitar el descontento social, sin embargo, lo cierto es que éste se incrementa.

Frente a una situación compleja y difícil para la burguesía mexicana, se busca la salida radical al problema: mayor control sobre el conjunto de la población. Las elecciones coinciden, en realidad, con la crisis y hacen necesaria una definición: ¿es posible hacer avanzar posiciones en una campaña electoral que contrarresten los efectos inmediatos de la crisis, pero que a la larga surtirá efectos políticos y económicos en contra de la gran mayoría trabajadora del país? Indudablemente se intenta hacer que las elecciones le den legitimidad al régimen, en un marco de gran voluntad popular. Por lo tanto, se combina, con gran despliegue propagandístico, el nuevo padrón electoral, las visitas domiciliarias para la entrega de tarjetas de empadronados, con la idea de que todos estamos participando activamente en la toma de decisiones. Junto a esta situación técnicamente perfecta, enfrentamos la situación política: los fraudes electorales cometidos por el PRI y los gobiernos estatales y autoridades electorales locales, en Coahuila, Yucatán, Estado de México e Hidalgo. En estos dos ejemplos —nuevo padrón hecho con computadoras y fraudes electorales— cristalizan la gran contradicción del PRI en las elecciones federales de 1982: ganar, pero con legitimidad; y puesto que todo el país sabe que el PRI comete fraudes, es necesario dar otra imagen, con el nuevo padrón, de que no habrá fraudes; por último, el PRI sabe que, sin fraude, perderá todo: legitimidad y las elecciones.