Por RICARDO PASCOE PIERCE

EL régimen político priísta ha querido apropiarse de la palabra solidaridad para dar realce a una supuesta política social del Estado hacia los mexicanos. Esta política, misma que se cristaliza en el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), intenta crear una sensación de beneplácito y buena disposición de los mexicanos hacia el Gobierno en virtud de sus actos de solidaridad. De esta manera, el Gobierno ha pretendido convertir a la palabra solidaridad en concepto dominante de su régimen. Para esto hace gala de su control de las bardas de las ciudades, de las pantallas de las televisiones y de las páginas de los periódicos. Es más, utiliza a la banca (aún de su propiedad) como recurso para impulsar, a través de tarjetas de crédito, actos de solidaridad. De esta campaña masiva en los medios de comunicación a la transformación del PRI en el partido de la solidaridad nacional es un solo paso.

Sin embargo, lo que trasluce en la política gubernamental no es la solidaridad sino una verdadera actitud de caridad. La solidaridad se entiende de una manera completamente distinta, y se ha entendido de una manera diferente, a través de los siglos, cuando el pueblo de México ha sido solidario consigo mismo. La solidaridad se ha entendido como una forma de justicia, como una actitud de obligación tanto de organizaciones sociales y políticas, así como del Estado hacia los ciudadanos. Y la solidaridad también se ha entendido como los actos que realizan los ciudadanos para resolver sus propios problemas. La solidaridad no es un acto paralizante, ni se mendiga la solidaridad en los pasillos de la burocracia federal. Más bien, la solidaridad es un acto de apoyo a los ciudadanos que requieren, en un momento determinado, de algún apoyo para resolver problemas contingentes. La solidaridad no es denigrante, sino que se basa en actos y en la reciprocidad de acciones de apoyo y de cohesión. La solidaridad crea una cierta obligación, pero no es un recurso para ganar votos, sino para ganar la comprensión humana y la convivencia decente.

En contraste, lo que se observa en la implementación de programas oficiales como Pronasol se asemeja más a una lógica de caridad que de solidaridad real. La caridad suele fluir de quien tiene el poder hacia quien no lo tiene, estableciendo una relación de dependencia y gratitud en lugar de una de derechos y justicia. Mientras que la solidaridad busca fortalecer al ciudadano y reconocer su dignidad, la caridad puede llegar a condicionar el apoyo, convirtiendo lo que debería ser una obligación del Estado en un acto de benevolencia que busca lealtades políticas.

Bajo este esquema, el Estado parece alejarse de su función como garante de bienestar social colectivo para convertirse en un gestor de apoyos discrecionales. Esta distinción es fundamental para entender el debate sobre la política social en México: la verdadera solidaridad no humilla ni exige votos a cambio; simplemente reconoce la responsabilidad compartida de construir una sociedad más justa.