Por RICARDO PASCOE PIERCE

LA revisión contractual en la empresa refrigeradora de Tepepan adquiere rasgos importantes debido a la situación que vive el país. En el marco de las últimas revisiones contractuales tanto de las instituciones de aseguradoras, que mantuvieron una huelga de importante duración, aunado al conflicto sindical en el Instituto Mexicano del Seguro Social y a la demanda de aumento salarial de los sindicatos universitarios, la revisión en Tepepan se presenta como sumamente conflictiva e importante. Indudablemente, la situación que ha creado el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), para las revisiones contractuales plantea una serie de problemas en la forma de revisar contratos y salarios de los trabajadores.

En vísperas de una virtual indexación de la economía, el hecho de una revisión en este momento hace que sus rasgos sean definitorios en relación al resto del movimiento obrero y sus posibles estrategias contractuales y salariales. En este marco, los trabajadores del sindicato de Tepepan enfrentan dos problemas claramente definidos. Por un lado, enfrentan el proyecto global del Gobierno para el sector pesquero y sus repercusiones sobre la organización de los trabajadores. El segundo aspecto, el problema de la revisión contractual en sí, teniendo como marco de referencia el Pacto de Solidaridad Económica y sus repercusiones sobre las condiciones de vida, de trabajo y de ingresos de los trabajadores, especialmente a partir del 1o. de marzo.

El primer aspecto, el del proyecto global del Gobierno para el sector pesquero, debe ser analizado con atención por los sindicalistas. En los últimos años, el sector ha visto delineadas tendencias que han conducido a una salida paulatina de la inversión estatal en casi todas las fases de la producción pesquera. Mientras sería cierto afirmar que el Gobierno era rector en el sector pesquero para finales de los 70, tanto en industrialización, distribución y comercialización, impulsando un abasto hacia sectores populares, dicha política ha sido progresivamente abandonada en este sexenio. La reducción, en términos reales, del presupuesto del sector público en la pesca ha sido tan notorio que evidencia el menosprecio que se tiene por la actividad: 60% menos en términos reales a 1986. Es claro que con esto se ha dejado de considerar, por lo menos en el Gobierno, a la pesca como una actividad prioritaria para el país. Mientras que durante el sexenio anterior se consideró que la pesca era una actividad prioritaria para el abasto popular, hoy el desabasto generalizado del sector se ha vuelto su característica principal. El reclamo de los trabajadores del sector de la pesca va en la dirección de exigir que se restituya la orientación rectora del Gobierno en este sector. De hecho, la tendencia de años recientes ha confirmado que la inversión privada se ha convertido en el sector hegemónico, en la industrialización de la pesca. Es más, existe prácticamente una regionalización de la inversión pesquera, de tal suerte que el camarón, que representa más del 50% de la actividad pesquera del país, tiene sus bases fuertes en el norte del país y sufre un gran subdesarrollo en el sur, a excepción de la sonda de Campeche. En estados como Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, el desarrollo de la industria privada ha alcanzado importantes niveles de desarrollo.

La industrialización donde participa el sector privado ha ocupado prácticamente el 80% de la actividad del país. El 20% restante tiene participación estatal. Pero de ese 20% estatal, el 80% representa la maquila de productos pesqueros para el sector privado. Solamente el 20% restante es producción para los consumidores que requieren de abasto popular. En la medida en que la industrialización ha sido ocupada por el sector privado, y las cooperativas ya no tienen financiamiento ágil, lo cual les conduce directamente por el camino de la privatización o su conversión en "ejidos pesqueros", la comercialización estatal en mayoreo representa prácticamente un subsidio al sector privado. Si a este panorama le agregamos el hecho de que la actividad de acuacultura está siendo también desbaratada y vendida, ya que de más de 30 plantas de este tipo, el Gobierno se va a deshacer de 17. En este marco de desbaratamiento de toda la infraestructura estatal de pesca, resulta que hablar de reconversión industrial no es sino confirmar que esta política es sinónimo de cierre de plantas y despido de personal. Ante este panorama, existe un virtual desabasto popular de pescado. Si bien hace cinco años se podía hablar de un desabasto en variedad, hoy es cierto que existe un desabasto en general de productos pesqueros que antes se adquirían vía los instrumentos de comercialización del Gobierno.

Así, especies económicas tan importantes como el mercado interno y el externo han sido virtualmente ocupados por el sector privado, problemas como el desarrollo tecnológico y la investigación pecuaria están virtualmente fuera de cualquier consideración presupuestal.

En lo que se refiere al problema de las relaciones laborales, evidentemente hay una repercusión severa en la situación de trabajo en el sector. La situación de los salarios y prestaciones en el sector han sido afectados globalmente, porque la reducción presupuestal ha implicado el despido de cerca del 40% de los trabajadores empleados en el sector pesquero.

Esta reducción tan sustancial de trabajadores empleados impide las posibilidades de desarrollo del propio sector pesquero. Pero, además de lo anterior, en materia de salarios y prestaciones la reestructuración de las empresas paraestatales ha golpeado severamente al poder adquisitivo de los trabajadores que conservan el empleo. El sector pesquero ha sido, incluso, relegado con relación al tratamiento que se le da al sector paraestatal. En 1987 se impuso un tope salarial del 23% en las revisiones, cuando el nivel inflacionario estuvo...

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... por arriba del 140% al final del año, independientemente de ciertos aumentos en los salarios mínimos, lo cierto es que el tope salarial ha tenido efectos brutales para este sector. Ha implicado una reducción sustancial en el nivel de vida y prestaciones de los trabajadores, además de que se han reducido enormemente las funciones, capacidad y capacitación y adiestramiento de los mismos ante la falta de actividad productiva del sector.

En resumen, el sector pesquero se encuentra bajo los efectos de la austeridad económica y el recorte presupuestal. Esto, prácticamente impide o reduce las posibilidades de reactivar al sector pesquero y de crear una alternativa de soberanía alimenticia para el país. Indudablemente, se debe de impulsar un proyecto del sector pesquero. Sus rasgos fundamentales se definen por tres aspectos: 1) el desarrollo de una concepción integral de la pesca, 2) la defensa de la soberanía alimentaria y 3) la creación de empleos y fuentes de trabajo para trabajadores mexicanos. Estos tres aspectos nos parecen indispensables para asegurar un proyecto alternativo a la reprivatización y abandono estatal. La revisión contractual en Tepepan es, por tanto, fiel reflejo de lo que ocurre hoy en la nación. Los trabajadores de Tepepan exigen no solamente una justa revisión contractual, sino también la restitución de un proyecto integral para el sector pesquero que tenga, como eje central, el rescate y la defensa de la soberanía alimentaria de México.