Por RICARDO PASCOE PIERCE

HACE algunas semanas, antes del II informe de gobierno, planteamos la necesidad de que el Presidente de la República tomara pasos concretos para resolver el problema, ya hiriente, de los desaparecidos y presos políticos en el país. En ese momento se insistió en que una política gubernamental de renovación de los sistemas de justicia y de represión tenía que incluir, necesariamente, el problema de los políticos, tanto presos como los desaparecidos. A nuestro planteamiento no hubo respuesta y, una vez más, enfrentamos la realidad lacerante: desde el miércoles 5 de septiembre, tres diputados y Rosario Ibarra de Piedra realizan una huelga de hambre, exigiendo solución al problema. Hoy lunes, 10 de septiembre, la huelga de hambre cumple 5 días de haberse iniciado. 5 días en que no se ha podido, ni siquiera, entablar una relación de diálogo con el Gobierno en torno al momento, y la situación de los huelguistas.

Los diputados del PSUM representan corrientes diferentes; sin embargo, los une una preocupación en común: la necesidad de resolver el problema de los presos y los desaparecidos en México. A su vez, Rosario Ibarra, como figura principal del comité de familiares, representa y encara la lucha por el ejercicio de las libertades democráticas. El problema de los desaparecidos, hay que decirlo, representa uno de los asuntos más espinosos de la sociedad mexicana. Plantea las formas, y deformaciones, en la relación entre Gobierno y gobernados, y cuestiona lo dicho reiteradamente por el mismo régimen en cuanto al ejercicio, y respeto, a las libertades democráticas y políticas. El hecho, incluso, de que no se respete una amnistía decretada por el propio Gobierno, al mantener encarcelados a compañeros en diversas cárceles en toda la República, demuestra lo conflictivo del problema de los perseguidos políticos en México. El Gobierno no quiere aceptar la existencia del problema; pero la realidad es implacable. El problema existe y debe solucionarse.

Existen condiciones propicias para resolver este problema. Después de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, se ha planteado, por parte del régimen actual, la necesidad de ejercer una mayor fiscalización en torno a las actividades de los aparatos represivos del Estado. Indudablemente que este planteamiento, hecho claramente por el Presidente en el II informe de gobierno, puede quedar en eso: en un planteamiento hecho al calor de un informe de gobierno, sino por ello tener alguna relación con las intenciones reales del Gobierno, en cuanto su relación con los gobernados del país, y sus derechos democráticos.

Todos los desaparecidos lo son por razones injustas: un estricto apego a la ley no permitiría jamás la desaparición física de presos políticos. El hecho de que en nuestro país se haya desaparecido a un solo preso político indica una falta de respeto estatal a expresiones disidentes dentro del mosaico político de la actualidad. La tolerancia política, signo palpable de sociedades capaces de resolver sus conflictos en un marco de convivencia, es pieza central de cualquier discusión. Es más, la posibilidad de resolver el problema de los desaparecidos políticos depende de la capacidad de autocrítica del mismo Gobierno: hay una responsabilidad específica que dirimir.

Lo significativo del momento actual —un momento de crisis combinado con la disposición a encontrar caminos para la resolución de graves problemas— es que es propicio para avanzar en la solución del asunto de los desaparecidos. Lo complejo del problema no puede soslayar o esconder el hecho de que debe resolverse. El reto de solucionar demandas democráticas añejas, como ésta, es de primer orden, pues, de no solucionarse, se daría pie al surgimiento de tendencias reaccionarias dentro de la sociedad, particularmente en el Gobierno que encontrarían, en este tipo de "solución" su salida preferida.

Por esto, reiteramos lo dicho: el problema de los desaparecidos es uno de primer orden, para asegurar la continuidad en una dinámica de respeto a las libertades democráticas. Por ello, hemos también insistido: es el momento oportuno para resolver, urgentemente, el Gobierno debe reaccionar ante la situación imperante, y atender el diálogo como única vía para solucionar esta demanda.